Un mensaje de impunidad enviaron el jueves los operadores del sistema de justicia del país, tras la audiencia preliminar en la que comparecieron como acusados nueve policías por la masacre de Las Jagüitas.
Esto es lo que opinan representantes de los organismos de derechos humanos, quienes consideran que en este caso hubo un contubernio de las instituciones del sistema de justicia.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, destacó el hecho de que los policías hayan sido representados por defensores públicos, cuya estrategia fue que se declararan culpables.
A esto le agregó que la Fiscalía hizo aparecer la masacre como un hecho imprudente y la permanencia del caso en un Juzgado Local. Todo esto, dijo, permitirá que los detenidos reciban el próximo 29 de julio penas que no pasen de los cinco años, pues son las penas que puede imponer un juez local.
Es de destacar que la directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra, aseguró en el Programa Café con Voz, que fue la familia de los policías quienes les buscaron porque carecen de recursos.
No obstante, Carrión calificó la actuación de los operadores de justicia en el caso de la masacre como una “conspiración contra la justicia”. Y consideró que al igual que sucedió con el asesinato del padre Marlon Pupiro, en agosto de 2011, al declararse culpable Yasker Blandón, lo que buscaban es que no se hable más del caso y no se profundice sobre lo que en realidad pasó el 11 de julio en Las Jagüitas.
Y de esa manera cierran el caso con “un mamotreto de justicia, una pantomima, es una farsa, una estafa”, apuntó Carrión, quien advirtió que lo ocurrido el jueves en el Juzgado Cuarto Local Penal “es una sentencia de muerte, una sentencia peligrosa para la seguridad de la ciudadanía”
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, refirió por su parte que “están mandando un mensaje de que pueden transgredir la ley … y van a quedar impunes”, por lo que estimó la población está indefensa “ante el actuar irresponsable de la autoridad”.
Cuevas señaló que la decepción con la justicia que externó en la audiencia Yelka Ramírez —sobreviviente de la masacre y madre y hermana respectivamente de las tres víctimas de esa masacre policial— “es un clamor nacional”.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), indicó que la audiencia del jueves envió “un mensaje de impunidad ante la comisión de delitos cometidos no solo por agentes policiales sino de todo el sistema”.
Leiva expuso que esto evidencia que no hay voluntad del Gobierno por mejorar la situación de derechos humanos en el país. Y está a la espera de la lectura de pena el próximo 29 de julio, para remitir el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pablo Cuevas manifestó que personalmente él conoce desde hace unos veinte años al capitán Zacarías Salgado —señalado de estar a cargo del grupo que realizó el operativo— y que en realidad integra las fuerzas de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y no Antidrogas como aseguró la Fiscalía.
Cuevas describió a Salgado como “un hombre disciplinado que hace lo que le dicen”, o sea “acata las órdenes estrictamente”. Los otros procesados fueron: Óscar José Vargas, Javier Alejando Saldaña, José Alejandro Fonseca, Miguel Ángel Ramos, Augusto César Medrano, Harrison Osmar Ramírez, Osman Ricardo García y Ernesto Alexander Urbina.
Desprecio a la vida
El Partido Liberal Independiente (PLI) deplora el trato que se ha dado en la acusación por la masacre de Las Jagüitas.
“La acusación de homicidio imprudente presentada por la Fiscalía General de la República contra nueve de los 14 policías… es un desprecio a la vida humana, inexistencia del concepto de justicia y nulo sentido de la responsabilidad”, dice un comunicado.
El diputado Eliseo Núñez expresó que esto demuestra el sesgo del sistema de justicia y comparó la masacre de Las Jagüitas con la del 19 de julio de 2014.
ILICH BUITRAGO
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