“No vemos con certeza cuál será el desenlace de Tumarín (…) No podemos saber si el proyecto va o no”. Con estas declaraciones el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó las dudas que hay respecto a si el proyecto hidroeléctrico se concretará en Nicaragua.
Aguerri ve poco avance de parte del consorcio Centrales Hidroeléctricas en Nicaragua (CHN) en la construcción de obras vinculadas a la planta supuesta a estar en la zona de Apawás, del municipio de la Desembocadura de Río Grande de Matagalpa, en el Caribe Sur.
“Los avances que hemos visto este año es en relación al camino (hacia la comunidad de Apawás) y que se empieza a construir un primer campamento, pero más allá de eso no tenemos la certeza de que esto va (Tumarín)”, refirió Aguerri.
El Cosep llevará a la Comisión de Energía que integra con el Ministerio de Energía (MEM) y otras autoridades, el planteamiento de que como máximo en 15 días las empresas brasileñas clarifiquen si la planta Tumarín la realizarán o no.
El proyecto está valorado en 1,100 millones de dólares por las empresas brasileñas Queiroz Galväo y Eletrobras. Sin embargo la incertidumbre es mayor debido a las investigaciones en Brasil sobre corrupción en la empresa Petrobras donde se habría utilizado los proyectos Tumarín en Nicaragua y la planta de energía Inambari de Perú, para desviar fondos.
“En relación a lo que es Tumarín en (el consorcio) Nicaragua no hay corrupción”, aseguró Aguerri .
Aunque el presidente del Cosep minimizó un efecto negativo para el país si la que sería la hidroeléctrica más grande de Nicaragua no se realiza, debido a que es mayor el aporte de plantas de energía renovable en la matriz eléctrica.
“En mi opinión en Nicaragua en las condiciones actuales no sería de mayor afectación si finalmente el proyecto de Tumarín no va. Han cambiado las condiciones”, dijo.
FALTA TRANSPARENCIA
Por su parte, Luisa Molina, del Consejo Nacional de la Coordinadora Civil, dijo que mientras una obra se ejecute con falta de transparencia, lo más seguro es que hay corrupción.
“Nosotros hemos criticado la falta de transparencia en esos megaproyectos que ha anunciado el Gobierno, es decir, ¿cómo podemos analizar la viabilidad si no hay acceso a la información? Cualquier cosa puede pasar ahí y si hay corrupción con empresas relacionadas en Brasil, lo mismo debe pasar en Nicaragua”, expresó Molina.
También criticó la falta de información del Gobierno de Nicaragua, de los empresarios ejecutores de la obra de Centrales Hidroeléctrica de Nicaragua (CHN) y el Gobierno de Brasil.
“No podemos dar un visto bueno donde no se goce de toda la información necesaria, nada que no tenga información y que esté oscuro en su transacción es digno de confianza, si ni el mismo asesor económico (Bayardo Arce) habla, porque no tiene qué decir, cualquier cosa puede ser y a lo mejor sí hubo lavado de dinero”, sostuvo Molina.
PROYECTO NO TIENE RACIONALIDAD ECONÓMICA
Asimismo, César Zamora, gerente país de IC Power, indica que el proyecto hidroeléctrico Tumarín no tiene racionalidad económica, lo que no le conviene a la economía del país.
“Yo no sé si está sobrevaluado, lo que sí sé es que es muy caro para el país, es un proyecto que hoy en día no tiene racionalidad económica”, sostuvo. Zamora crítico el incumplimiento de los inversionistas que para este tiempo deberían tener listo el proyecto.
“Yo creo que fue diseñado en su momento para que iniciara en el 2015, no han empezado su construcción y ahora el precio del petróleo es otro de lo que era hace cinco año, eso no quiere decir que el precio de petróleo se va quedar ahí, pero sin duda alguna ha habido mucho incumplimiento en este proyecto”, aseveró.
Mientras tanto, el diputado Carlos Langrand, de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), dijo que el Gobierno parece seguir el proyecto Tumarín con los mismos esquemas de los hidrocarburos.
“Yo creo que el Gobierno nos vende a los nicaragüenses a precios sobrevaluados, porque el costo de la hidroeléctrica lo estaremos pagando los consumidores vía tarifas, que será más alta que la actual, esto no es un regalo y de eso hay que estar claro”, expresó Langrand.
Indicó que la Contraloría General de la República, como un órgano para fiscalizar las contrataciones, debe cumplir con su trabajo de investigar este caso.
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