Que fue una bandera de la izquierda, que es la única forma en que los municipios pueden desarrollarse, que es lo más cercano que pueda existir a la democracia. Sobre el municipalismo se tejieron infinidad de esperanzas. Avanzó en gobiernos centralistas hasta que llegó al poder Daniel Ortega en 2007 y se vino abajo todo lo trabajado.
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La autonomía municipal es política para que los ciudadanos puedan escoger sus candidatos. Financiera para que cada Alcaldía pueda recaudar sus propios ingresos y administrativa para que cada Alcaldía pueda organizarse de la forma que lo desee para cumplir sus objetivos y prestar los servicios municipales.
Los elementos de la autonomía están siendo violentados o han desaparecido, no hay escogencia libre de los candidatos, sino que son impuestos. Creo que la autonomía no existe”.
María Luis Babini, Red Local.
Esto es en teoría, en la práctica no existe, según la municipalista María Luisa Babini, de la Red de Desarrollo Local.
“Los elementos de la autonomía están siendo violentados o han desaparecido, no hay escogencia libre de los candidatos, sino que son impuestos (desde el Gobierno central), no hay definición autónoma sobre en qué van a invertir los recursos, sino que es decidido aquí en Managua… y también en la práctica es el secretario político (del FSLN) quien define cómo va a estar organizada la Alcaldía. Creo que la autonomía no existe”, plantea Babini.
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De la misma manera opina el alcalde opositor de Muelle de los Bueyes, Juan José Jaime: “Realmente yo digo que la autonomía no existe, nosotros como alcaldes demócratas tenemos dificultades, porque a veces el secretario político (del FSLN) te bloquea, la misma Policía cuando hemos tenido invasiones de tierra no nos ha apoyado”.
Yo digo que la autonomía no existe, nosotros como alcaldes demócratas tenemos dificultades, porque a veces el secretario político (del FSLN) te bloquea, la misma Policía cuando hemos tenido invasiones de tierra no nos ha apoyado”.
Juan José Jaime, alcalde opositor de Muelle de los Bueyes.
Pero en algo coinciden todas las voces: la autonomía municipal es la base de la democracia y la gobernabilidad.
“Es lo contrario a una dictadura”, según Babini, quien plantea que en la medida en que la población no participa en la decisión de quién debe gobernarlos localmente, en sus planes de inversión y desarrollo, en un plan estratégico, no hay gobernabilidad real, no hay legitimidad.
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Para el alcalde opositor de Pantasma, Jinotega, Óscar Gadea, la autonomía municipal es lo principal y tiene que respetarse, porque valiéndose de esa autonomía es que ellos pueden definir el rumbo que va a tomar el municipio y sus comunidades.
Contradicciones
La comandante Mónica Baltodano, una estudiosa del municipalismo recuerda que en los ochenta el FSLN fue un gran impulsor de este. “Las autoridades desde 1979 eran colegiadas, juntas de gobierno que eran electas en asambleas, pero la regionalización de 1983 afectó al municipio y debilitó el proceso inicial, hasta que en 1986, un diagnóstico de la situación del municipio, realizado con apoyo de la Cooperación española, puso en evidencia tal retroceso”, precisa Baltodano.
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Después de ese diagnóstico se diseñó un plan para fortalecer a los municipios, según Baltodano, que incluyó: “El principio de la autonomía municipal, establecido en la Constitución de 1987, una nueva Ley de Municipios muy avanzada (Ley 40), una nueva Ley de Arbitrios que dotaba a los municipios de propios recursos y se optó por la figura del Concejo, el cual tenía facultad de elegir el alcalde (eso fue modificado en 1995)”.
Las formas autocráticas y napoleónicas con que maneja el poder la pareja presidencial son contrarias a la descentralización y las autonomías”.
Mónica Baltodano, municipalista y exdiputada.
Sin embargo, el municipalismo tuvo su mejor momento entre 1990 y 2006, según Baltodano. Se reformó la Ley de Municipios en 1997, en 2001 se aprobó la Ley Presupuestaria Municipal para garantizar un manejo transparente de los recursos y participación de la ciudadanía en la formulación del presupuesto y en 2003 se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, que en su momento se dijo que era un ejemplo para América Latina, y en ese mismo año se aprobó también la Ley de Transferencias Municipales que obliga al Gobierno central a destinar una partida del Presupuesto General de la República para los municipios.
Todos estos temas fueron banderas de diputados y alcaldes del FSLN, pero ahora “todo esto ha sido borrado de facto por el gobierno de Ortega”, precisa Baltodano
¿Por qué Ortega borró la autonomía municipal? Babini dice que el presidente designado no confía en nadie en los municipios, ni siquiera en gente de su propio partido, y Baltodano alega que “las formas autocráticas y napoleónicas con que maneja el poder la pareja presidencial son contrarias a la descentralización y las autonomías”.
“El carácter dictatorial del régimen es incompatible con la descentralización, las autonomías, la democracia participativa. De esa manera, aunque se supone que las autoridades locales deben responder a los pobladores, desde arriba quitan y ponen alcaldes a su gusto. Violando la Constitución, la Ley y el debido proceso. Los concejos no deciden nada, todo se decide desde el nivel central en unas reuniones en que los alcaldes solo llegan a recibir líneas”, expresa Baltodano.
Las reformas del 2011
En el 2011 el Ejecutivo promovió una reforma a la Ley de Municipios para aumentar el número de concejales, alegando que así la población tendría más representatividad.
Sin embargo, esto en la práctica nunca funcionó, según el alcalde de Pantasma, Jinotega, Óscar Gadea. Gadea fue alcalde de Pantasma entre 2004 y 2008, cuando los concejales del municipio eran nueve y asumió de nuevo en 2012 ya con 26 concejales.
“Yo no le veo resultados a ese montón de concejales, vinieron a acarrear más gastos de logística y hay unos que trabajan y otros que no”, expresa Gadea.
Según Gadea, los concejales de Pantasma recibían en el período anterior 1,800 córdobas en concepto de dieta y en este 2018 reciben 2,200 córdobas.
“Vos no le podés decir a un concejal que tiene que venir a trabajar porque (la dieta) no ajusta ni para las llantas de la moto… a los concejales no se les puede dar ni viáticos ni nada y no les podés exigir que vengan a trabajar… no es una dieta que les va a llamar la atención”, expresó Gadea.
Babini dijo que el aumento de concejales era para beneficiar los vínculos con la población, “pero te digo yo, la vez pasada estuve en algunos municipios donde nos costó encontrar a los concejales, porque ni siquiera eran conocidos en sus comunidades. Yo dudo que haya una cercanía de la ciudadanía por haber más concejales”, expresó.
El sociólogo Cirilo Otero dijo que las reformas aumentaron en 70 por ciento el número de concejales. “Personalmente me gusta, la actual cantidad, porque se amplía la representatividad. Lo triste es que muchos concejales llegan solamente a abrir la boca y son obedientes a las directrices de sus “caciques” partidarios; si llegaran a participar activamente en el concejo, Nicaragua lograría una acción política local efectiva, coherente y transformadora”, dijo Otero.
¿Funcionan los cabildos?
El concejal del PLC en Managua, Alfredo Gutiérrez, dice que él no asiste a los cuatro cabildos ordinarios que realiza la Alcaldía de Managua, porque el FSLN acarrea a sus militantes en buses y solo llegan a aplaudir y a agradecer a la pareja presidencial.
“No creo que haya una participación real de la población, porque ya está todo armado y cocinado y es muy poco lo que la gente tiene de espacio para opinar y expresar qué es lo que quiere”, dijo Babini.
Sin embargo, Gadea dice que a ellos sí les funcionan los cabildos y la gente propone cuáles son los proyectos que más necesita y ellos buscan la manera de ajustar a esas necesidades sus presupuestos.
¿Cómo se financian?
Los municipios tienen tres formas de financiamiento: las Transferencias Municipales establecidas en la Ley, mediante las cuales el Gobierno central tiene que transferirle el 10 por ciento del presupuesto nacional, los impuestos locales y la cooperación internacional.
El alcalde de Pantasma, Óscar Gadea, dice que como el Gobierno distribuye antojadizamente las transferencias, para ellos representan entre el 30 y 35 por ciento de su presupuesto.
“Si las transferencias las hicieran respetando la Ley, significarían el 70 por ciento de nuestro presupuesto”, calculó. Según la Ley las transferencias deben calcularse dependiendo de la cantidad de población del municipio y su capacidad para recoger los impuestos municipales.