Duelo, llanto, rabia e impotencia convergen en múltiples núcleos familiares en el departamento de Matagalpa, alterados abruptamente por la muerte, encarcelamiento o exilio de alguno de sus miembros durante la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado, cuando se desató por parte del gobierno una brutal represión en contra de las protestas ciudadanas.
Las afectaciones a los niños y adolescentes tienen dimensiones mucho más amplias y “ameritan una atención especializada, en primer lugar del Estado, porque es una de sus obligaciones, y también de las organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, porque estos tienen traumas que deben ser superados”, considera Omar Castellón, coordinador en Matagalpa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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Al menos 16 personas han muerto en distintos municipios de Matagalpa. Franklin Roberto Rodríguez García, de 17 años, ha sido, hasta ahora, el único menor asesinado en la región durante la crisis que ya supera los seis meses. Sin embargo, otros niños y adolescentes fueron heridos de bala, secuestrados y hasta torturados, en circunstancias y lugares distintos del departamento, apuntó Castellón, indicando que al menos dos adolescentes continúan desaparecidos, sin que sus familiares sepan sobre su paradero.
Rodríguez se sumó a una de las barricadas que sostenían universitarios y otros pobladores al suroeste de la ciudad. De ahí, lo secuestraron el 24 de junio y un día después apareció su cadáver con múltiples golpes en la comunidad Piedra de Agua, aproximadamente cuatro kilómetros al noroeste de Matagalpa.
Pocos días después, Juana Francisca García Cruz e Hilda Rosa Gutiérrez, madre y hermana de Rodríguez, respectivamente, abandonaron su hogar para irse a países distintos, porque eran asediadas por paramilitares. La muerte del adolescente aún no ha sido esclarecida por la Policía Orteguista (PO).
El bebé William González
Uno de los casos de mayor notoriedad en Matagalpa es el de William Daunny González Rugama, el menor de un año y medio, que fue baleado el 15 de mayo cuando policías y fuerzas de choque oficialistas reprimieron a quienes estaban atrincherados en al menos 36 barricadas en los barrios al suroeste de Matagalpa.
Ese día, González y sus hermanos (de diez, siete y tres años), estaban con su abuela materna, Enecilia Mairena Castro, en la casa que ésta alquilaba en el barrio Francisco Moreno, aproximadamente 100 metros al oeste del comisariato de la Policía. Una bala atravesó una pared de tablas de la vivienda y otra de piedras canteras impactando a William en la barbilla. El menor estuvo hospitalizado en Matagalpa y Managua.
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Meyling Lorena Rugama Mairena, madre de González, cuenta que continúa recuperándose y “ya camina, juega, come bien… pasa tranquilo, lo cuido muy bien, lo único que de repente respira cansado, con ruidos y va a tener problemas para hablar, dice la doctora que él va a hablar, pero que le costará un poco más de lo normal”, asegura.
González es llevado frecuentemente a chequeos médicos por lo que sus padres y hermanos tuvieron que quedarse a vivir en Managua. Los niños, de 7 y 10 años, dejaron sus estudios en Matagalpa y tuvieron que asimilar el traslado a otro centro escolar en la capital. Los adultos están desempleados y necesitan apoyo económico.
Tanto González como sus hermanos “se asustan” cuando escuchan detonaciones de pólvora o ruidos fuertes porque “a ellos les recuerda ese episodio tan traumático”, dice Rugama, indicando que “me he dedicado totalmente a cuidar a los cuatro, pero sobre todo a él (González) que necesita más cuidados”.
Pérdidas afectivas
Algunas de las víctimas mortales de la violencia política tenían hijos pequeños. En uno de los casos, la psicóloga Marellyn Somarriba ha brindado asistencia a un menor que muestra frecuentes cambios de conducta por la manera brusca en que fue cortado el vínculo afectivo que tenía con su padre, y ahora “el niño busca a alguien que supla la necesidad de tener a su papá”.
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Además de la terapia psicológica que recibe, “en esta familia, la mayor atención y protección es al niño”, refiere Somarriba, indicando que “podría ser negativo” cuando los demás familiares brindan sobreprotección o quieren sobre proveer al niño en juguetes o en cumplirle cualquier capricho. Para este tipo de casos, la psicóloga recomienda “no crear y suponer necesidades que no hay” en el menor.
El acoso a los hijos de los autoconvocados
Margarita y Pedro tienen 9 y 7 años, respectivamente. Su papá está preso por haber participado en las protestas. Al principio, preguntaban por él a cada instante, por lo que Rosa, la mamá de ambos, tuvo que explicarles después que estaba detenido y, a principios de septiembre, los llevó a visitarlo en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Managua.
“Su primera reacción fue ir a abrazarlo y besarlo… después le decían que no querían dejarlo ahí, que se viniera con ellos a su casa… ahora la niña me vive preguntando cuándo podrá visitarlo de nuevo… me pregunta si le puede llevar su almohada preferida, pero qué va, si con costo nos dejaron darle una sábana”, comentó Rosa, quien además está embarazada. Ella prefirió que sus hijos dejaran de ir a la escuela, porque les decían que eran “hijos del terrorista preso” y otra serie de calificativos a su padre.
A criterio de la psicóloga, los niños cuyos padres murieron, están presos o se fueron del país enfrentan “una crisis de duelo por la pérdida del vínculo afectivo como tal. Queda un vacío y queda otra persona asumiendo el rol de cuidado”.
Cambios de conducta
“Para esta niña o niño es mucho más complejo, porque además de haber estado encerrado en su casa por medidas de seguridad o haber sido aislado o no ir a la escuela (principalmente desde mayo hasta el 9 de julio, cuando hubo muchos tranques y barricadas en la ciudad) ahora se enfrenta a que su núcleo familiar ha sido alterado… entonces los cambios de conducta son mucho más fuertes”, explica la psicóloga.
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De manera general, según la psicóloga, cuando se da este tipo de alteraciones en la familia, el niño puede comportarse más agresivo y “si tenía problemas de atención o aprendizaje, ahora aumenta los niveles de estrés, ansiedad, angustia o desesperanza, porque sus núcleos han sido rotos. También está la parte de la culpa, cuando el niño se pregunta ‘¿por qué mi papá o mi mamá no está, por culpa de quién, o es que yo me porté mal?’… Eso conlleva a muchas cosas”.
En los casos como el de Margarita y Pedro el duelo “es mucho más cruel, se describe como una de las mayores pérdida. Lo más angustiante es saber que (el papá) está en tal lugar (la cárcel) y no lo pueden ver”, sostiene.
Secuestros y torturas
El Cenidh en Matagalpa también ha registrado denuncias de adolescentes que fueron secuestrados y en algunos casos torturados por paramilitares. A uno de 17 años lo secuestraron en Matagalpa, le vendaron los ojos con un trapo al que le aplicaron zepol y lo torturaron rayándole todo el cuerpo con un objeto cortante. Luego lo fueron a abandonar a Jinotega, contó Omar Castellón, coordinador regional del Cenidh.
Mientras tanto, Isaac tiene 15 años y vive en un caserío al suroeste de la ciudad. La mañana del 16 de julio, cuando ya habían despejado los tranques fue a pagar el servicio de agua potable y al salir fue secuestrado por paramilitares que lo montaron en una camioneta de vidrios oscuros.
“En ese momento solo pensé en no ponerme nervioso y en no llorar. Me les puse serio, serio… me hicieron un montón de preguntas, que dónde vivía, que si yo conocía a la gente que apoyaba a los tranques”, relata el adolescente. No lo golpearon, pero al constatar que nada tenía que ver con las protestas, lo fueron a dejar abandonado en Masaya, donde un familiar llegó a recogerlo al día siguiente. Cuando el adolescente volvió a su casa se encontró con una multitud que lo esperaba. “Parecía vela, era un gentío, hasta los que nunca me han hablado estaban aquí”, dice el joven.
Isaac perdió una semana de clases y no pudo entregar unos trabajos escolares que le restaron puntos en sus notas. Luego vinieron las vacaciones y aunque le sugirieron que dejara la escuela, prefirió continuar estudiante su cuarto año de secundaria.
Al principio tenía miedo de volver a clases y hasta de salir de su casa porque “la gente es toda cuechera y cuando salía me quedaban viendo raro y no me gustaba”. Además siempre le preguntaban sobre lo ocurrido y “no me gusta hablar de eso”.
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A la fecha, Isaac sale únicamente a la escuela o a realizar mandados cerca de su casa y lo hace en bicicleta. Todavía no se atreve a ir caminando y menos ir solo a la ciudad. Quiere seguir estudiando e ir a la universidad. Antes pensaba en veterinaria o agronomía, pero ahora también quiere estudiar leyes.
Para la psicóloga Marellyn Somarriba, el miedo del adolescente para salir de casa es racional y real. Sin embargo, la visión a futuro, respecto de estudiar leyes, “es la búsqueda de reivindicación, que si no se hizo justicia por un lado, se puede hacer por otro y hay una ventaja que es el poder personal: verse en la posibilidad de hacer o apoyar a otras personas como una forma de reivindicar el daño vivido”.
Otras afectaciones
Omar Castellón, del Cenidh, coincide con Somarriba, al apuntar que ha sido notoria la reproducción de la crisis que hacen los niños a través de juegos en los que unos simulan protestar, mientras otros asumen roles de policías o encapuchados, porque captaron esa información en sus barrios o cuando ven las noticias en la televisión.
“No únicamente juegan a confrontarse, sino a usar armas y a tomar posturas políticas, trasladando y asumiendo lo que está pasando y esto les va generando confusiones, porque las rutinas se han ido cambiando (durante el período que lleva la crisis)”, señala Somarriba.
La psicóloga recordó que hubo períodos en los que los niños no iban a la escuela y tampoco salían de las casas por asuntos de seguridad, pero tampoco podían ser llevados a parques u otros sitios de recreación, situaciones que el niño o niña pudo tomar como una forma de castigo y que generó mayores ansiedades y cambios de conducta.
Castellón, por su parte, mencionó que hay casos de padres que en diferentes denuncias ante el Cenidh han incluido en sus relatos que, por distintas amenazas, tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas, mientras otros bajaron el rendimiento académico.