Es curioso cómo los que ayer aplaudían las denuncias de miembros de la Iglesia contra los abusos de Somoza, hoy se rasgan las vestiduras cuando eclesiásticos denuncian los más graves abusos de Ortega. Uno de sus clérigos más glorificados, Gaspar García Laviana, muerto en combate en 1978, dijo: “No podemos quedarnos como mudos espectadores de la tragedia del pueblo mientras la dictadura somocista, enloquecida por el oro y el poder, sigue torturando y matando a los nicaragüenses como si fueran bestias sin derecho”.
Laicos católicos del FSLN, como Ernesto Castillo, habían hecho similares pronunciamientos: “La Iglesia debía emplear sus fuerzas para lograr la reforma política que termine con un gobierno dictatorial, despótico y corrompido que por ningún punto toleraría la acción renovadora de una Iglesia que condene sus crímenes, defraudaciones, robos e injusticias”.
Los obispos también denunciaban reiteradamente a la dictadura. En 1971 publicaron una Carta Pastoral uno de cuyos párrafos decía: “La continuidad del poder de la dinastía somocista está siendo cuestionada en nuestro medio. Nuestros jóvenes y el clamor general de nuestra nación apuntan hacia nuevas perspectivas para la vida del país”. Uno de sus más vocales críticos fue monseñor Obando y Bravo, a quien Somoza endilgó el apodo de “comandante Miguel”. Pero es justo advertir que Somoza nunca mandó a perseguir o vapulear a clérigos disidentes, ni amenazar con exiliarlos o encarcelarlos, a pesar de que muchos de ellos verdaderamente conspiraban y llamaban abiertamente a derrocarlo.
Sacerdotes, identificados con la Teología de la Liberación, instaban a tomar las armas. Fernando Cardenal (q.e.p.d.), daba retiros espirituales que, como él mismo admitió, servían para reclutar guerrilleros: “De motivaciones enraizadas en la verdadera fe cristiana hicimos que los jóvenes dieran un paso adelante hacia el compromiso de trabajar por la justicia y por el pueblo. Esto llevó a una segunda etapa, en la cual ellos terminaban comprometiéndose con el FSLN… esto fue efectivo en el 97 por ciento de los casos”.
El papel que la Iglesia nicaragüense jugó ante Somoza derivó, en parte, del llamado del episcopado latinoamericano que, desde Medellín, en 1968, proclamó que “la insurrección revolucionaria puede ser legítima en el caso de tiranía evidente y prolongada y que atente gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnifique peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una persona, ya de estructuras evidentemente injustas”.
Hoy los prelados nicaragüenses no llaman a la insurrección, pero sí, como siempre, al respeto a los derechos humanos y a que dialogando encontremos una salida pacífica a través de elecciones confiables y adelantadas. La diferencia es que hoy no enfrentan a un Somoza, sino a un verdadero tirano.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.