La toma ilegal de la Alcaldía liberal de Wiwilí, Jinotega, de parte de concejales sandinistas acuerpados por la Policía Orteguista (PO) y funcionarios del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), fue denunciada este miércoles ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en Managua.
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Los sandinistas perdieron la alcaldía de Wiwilí en las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2017, tras el triunfo electoral de Reyna Hernández, candidata a alcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Desde entonces, el régimen de Daniel Ortega comenzó una serie de acciones para dificultar el trabajo de los nuevos funcionarios públicos, inclusoacciones violentas, amenazas y agresiones. Antes que Hernández tomara posesión en enero de 2018, los funcionarios sandinistas salientes saquearon la sede municipal.
El domingo 25 de octubre, los concejales sandinistas convocaron a sesión extraordinaria y se reunieron en la calle donde nombraron a Helen Toruño, Miguel Gerrero y Celso Amador como alcalde, vicealcalde y secretario del Consejo Municipal. El lunes 26, policías antidisturbios rodearon la sede municipal. El martes 27, los antidisturbios no le permitieron la entrada a los trabajadores públicos y horas después los concejales sandinistas se tomaron por la fuerza la sede municipal, con el acompañamiento de los funcionarios de Inifom.
La secretaria municipal de Wiwilí, Alba Marina Cárdenas Aguilar, junto a un grupo de funcionarios municipales fueron los que se presentaron a denunciar la situación de la Alcaldía de Wiwilí en la CPDH.
“Para todos aquellos que andan diciendo que nosotros entregamos la alcaldía, aquí nadie ha entregado la alcaldía. Nosotros no hemos negociado la alcaldía, no la estamos vendiendo. Es una alcaldía que ha sufrido demasiado. Nosotros recibimos una planilla de 123 trabajadores y hoy en día esa planilla está recortada a 37 trabajadores. Esos trabajadores los estamos pagando con los impuestos que están pagando el pueblo de Wiwilí, ya que la Alcaldía de Wiwilí no recibe transferencias del gobierno municipal”, dijo la secretaria municipal.
Cárdenas quedó a cargo de la administración municipal desde que la alcaldesa, Reyna Hernández, y el vicealcalde, Manuel Blandón Zamora, fueron suspendidos por una demanda laboral de extrabajadores sandinistas.
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En junio pasado, la alcaldesa de Wiwilí, Reyna Hernández, fue suspendida de sus funciones por una juez orteguista, debido a que no pudo pagar más de 16 millones de córdobas que demandaban en indemnización 36 extrabajadores sandinista de la anterior administración municipal.
Cárdenas dijo que el presupuesto de la Alcaldía es de 11 millones de córdobas, por eso era imposible hacer ese pago, aunque intentaron llegar a un arreglo.
El vicealcalde Blandón asumió tras la suspensión de Hernández, pero también fue demandando y suspendido por la justicia orteguista.
La CPDH hará que esta denuncia llegue a instancias internacionales, para que se conozcan las arbitrariedades que ocurren en los municipios del país.
Mulukukú, otro caso de arbitrariedad
El caso de la alcaldía de Mulukukú es otra prueba de los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega, contra las autoridades municipales que no responden a sus intereses.
En agosto de 2019, el régimen de Ortega obligó al alcalde opositor de Mulukukú (Caribe Norte), Apolonio Fargas, a salir del país tras el saqueo policial a la sede municipal y a su casa. Actualmente esa alcaldía se encuentra en manos de una aliada del FSLN.
El diputado del PLC, Maximino Rodríguez, manifestó que la situación de Wiwilí y Mulukukú demuestra que todo el país está en un Estado de indefensión frente al régimen orteguista.
“Nosotros vamos a denunciar ante la comunidad diplomática, ante la comunidad internacional el atropello de la dictadura de Ortega, que violando todo debido proceso, violando la ley, ha despojado a las autoridades electas en 2017 y se las han adjudicado de manera violenta”, dijo el diputado.