El Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE) enfatizó este viernes la necesidad de cambiar a los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), considerando que no tienen credibilidad para abrir un proceso de votaciones en el país, debido a su afinidad con el régimen de Daniel Ortega.
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El GPRE, compuesto por abogados y expertos en materia electoral, manifestó que no serán aceptables reformas electorales sin hacer cambio de magistrados.
“Ninguna reforma al sistema electoral será suficiente para dar legitimidad a los resultados, si éstas son aplicadas por los actuales magistrados del órgano electoral cuyos períodos se encuentran vencidos”, aseguró el GPRE.
El órgano electoral está compuesto por siete magistrados propietarios y tres suplentes. Actualmente hay un cargo vacante desde la renuncia de Roberto Rivas en mayo de 2018, después de que fuera sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017. Cinco de los magistrados actuales son militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los demás se han mostrado pasivos ante los fraudes electorales cometidos por el régimen orteguista.
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Además, el Grupo aseguró que “los nuevos magistrados electorales deben ser candidatos electos con base en ‘requisitos de elegibilidad y mecanismos de selección que promuevan o garanticen la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral de acreditado prestigio profesional y perfil independiente y neutral’ tal como lo planteó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el año 2011”.
El GPRE reiteró que “es fundamental para recuperar la confianza en el sistema electoral que todo proceso de reforma de cara a las próximas elecciones incluya ineludiblemente la ‘modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable’.
Acoge en su totalidad la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) denominada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas’ aprobada el pasado 21 de octubre del 2020”.
Esta resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA puso un plazo hasta mayo de 2021 para que Ortega haga una reforma electoral que le regresa la confianza a la ciudadanía para salir a votar el domingo 7 de noviembre, día de las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados nacionales y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), según establecimiento constitucional.
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El Grupo insistió en que cualquier discusión de las reformas electorales debe realizarse con la participación activa de la pluralidad de actores políticos y sociales del país; y el acompañamiento, en todas las etapas del proceso, de organismos internacionales con una incuestionable credibilidad, experiencia y conocimiento de la realidad electoral de Nicaragua.
“A menos de un año para que se cumpla el mandato constitucional de celebrar elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, el Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE) reafirma la demanda nacional e internacional de realizar reformas integrales al sistema electoral para garantizar el respeto de la voluntad popular en un proceso libre, transparente, competitivo, observado y sin presos políticos, que ha de ejecutarse en el marco del pleno respeto a los derechos y garantías ciudadanas de los nicaragüenses”, manifestó el Grupo.