Integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) presentaron este martes un recurso por inconstitucional en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), mejor conocida como “Ley Putin” por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin.
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Esta legislación fue aprobada el pasado 15 de octubre por los diputados del régimen de Daniel Ortega y entró en vigencia el pasado 19 de octubre. Tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación.
La abogada e integrante del equipo coordinador del MAM, Juana Jiménez, manifestó que esta ley violenta el principio de inocencia de los ciudadanos nicaragüenses, establecido en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, porque criminaliza a las personas u organizaciones que reciben recursos extranjeros. Y también violenta el derecho de ser nicaragüense, porque “ningún ciudadano nicaragüense dentro el territorio nacional puede ser considerado extranjero”.
“Esta Ley de Agentes Extranjeros pretende regular tanto a ciudadanos individuales como a sus organizaciones a registrarse como agentes extranjeros y una serie de mecanismos de controles, pero bajo la presunción de se está cometiendo actos de injerencismos o actos en contra de la ley, por lo cual nosotros consideramos que es una ley lesiva, una ley que violenta derechos fundamentales, no solo de la Constitución Política sino de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos”, explicó Jiménez.
Jiménez se refiere al establecimiento en la Ley Putin que ordena al Ministerio de Gobernación (Migob) crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, donde los entes obligados tendrán máximo 60 días para inscribirse, presentando sus informes donde detallen el origen de fondos, cooperantes y el uso de los recursos. El plazo de esos 60 días vence el 17 de diciembre.
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Los críticos han valorado que el régimen orteguista tiene la pretensión de afectar a las organizaciones opositores con esta regulación, debido a que el artículo 16 de la ley congela las operaciones de todas las organizaciones que el régimen defina como “agente extranjero”, mientras estas no hayan cumplido con las exigencias ante el Ministerio de Gobernación. “Los sujetos obligados no podrán realizar movimientos de fondos monetarios ni bienes materiales, mientras no cumplan con la obligación de registrarse”, establece la Ley Putin.
“Todo ciudadano o ciudadana que se sienta afectado, porque se está obligando a los nicaragüenses a registrarse como extranjeros y se está violentando el principio de inocencia que tenemos todos los ciudadanos y de hecho ya se presume que hay un tipo de actos ilícitos al obligarte a registrarte”, agregó Jiménez.
Espionaje
La “Ley Putin” también es considerado un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de gobiernos y agencias extranjeras.
La normativa ordena que las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como “agentes extranjeros” deben abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa, ya que son pena de sanciones legales.
También dijo que aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una institución al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, no se debe renunciar a los derechos ciudadanos de la denuncia y el reclamo.
“Creemos que es importante que la ciudadanía pueda interponer estos recursos, porque hay que evidenciar la arbitrariedad, hay que evidenciar que estas leyes son totalmente contrarias a nuestra Constitución Política”, manifestó Jiménez.
Jiménez, Marlen Chow, Yamilet Mejía y Adelayda Sánchez Mercado fue la delegación del MAM que entregó el documento del Recurso de inconstitucionalidad, que fue recibido por la asistente del Secretario de la CSJ.