Más personas presentaron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sus propios recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), mejor conocida como “Ley Putin” por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin.
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La Policía Orteguista (PO) rodeó la sede judicial al momento que los opositores estaban presentando los documentos ante la Secretaría de la CSJ.
Entre las ocho personas que llegaron al complejo judicial de Managua estaban el excandidato presidencial Edmundo Jarquín Calderón, la ex y la actual presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vijil Gurdián y Suyén Barahona Cuan, respectivamente; así como Violeta Mercedes Granera Padilla, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), reconocidos opositores al régimen de Daniel Ortega.
También los ciudadanos Carlos José Maturana Coronel, Julio Ricardo Hernández Álvarez, Silvia del Socorro Salmerón Espinoza y Aura Isolina Aragón Ruiz.
La “Ley Putin” fue aprobada el pasado 15 de octubre por los diputados del régimen de Daniel Ortega y entró en vigencia el pasado 19 de octubre. Tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia.
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Edmundo Jarquín calificó la “Ley Putin” de “represiva” porque pasa por encima del orden jurídico de Nicaragua y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, con el único objetivo de atacar a los opositores.
Ana Margarita Vijil manifestó que esa legislación demuestra que pese a la represión armada contra los opositores, el régimen no los ha podido neutralizar, por lo cual acude a reforzar el marco legal que respalde su represión.
“Daniel Ortega sabe que no ha podido callar al pueblo nicaragüense, Daniel Ortega sabe que sus días están contados, por eso intenta ampliar el ámbito represivo promulgando una ley violatoria de los derechos humanos”, dijo Vijil.
El martes pasado fueron las integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), quienes introdujeron un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros.
Espionaje
La “Ley Putin” también es considerado un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de agencias y gobiernos extranjeros.
La normativa ordena que las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como “agentes extranjeros” deben abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa, so pena de sanciones legales.
Además, este marco legal ordena al Ministerio de Gobernación (Migob) crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, donde los entes obligados tendrán máximo 60 días para inscribirse, presentando sus informes donde detallen el origen de fondos, cooperantes y el uso de los recursos. El plazo de esos 60 días vence el próximo 17 de diciembre.
Los críticos han valorado que el régimen orteguista tiene la pretensión de afectar a las organizaciones opositores con esta regulación, debido a que el artículo 16 de la ley congela las operaciones de todas las organizaciones que el régimen defina como “agente extranjero”, mientras estas no hayan cumplido con las exigencias ante el Ministerio de Gobernación. “Los sujetos obligados no podrán realizar movimientos de fondos monetarios ni bienes materiales, mientras no cumplan con la obligación de registrarse”, establece la “Ley Putin”.