El periodista deportivo Miguel Mendoza y la exlegisladora por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ex primera dama, María Fernanda Flores, este lunes 30 de agosto cumplen 70 días de detención judicial. El primero supuestamente está tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, y la segunda tiene arresto domiciliar.
Ambos fueron detenidos por separado durante la noche del pasado 21 de junio en sus viviendas y, según confirmó la Policía, están siendo “investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, amparados en la Ley 1055.
“Mejor guardo silencio y espero”, respondió brevemente a LA PRENSA el expresidente de Nicaragua y esposo de Flores, Arnoldo Alemán, con relación a la posibilidad de que el régimen acuse a su esposa en los tribunales de justicia.
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Opositores y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) detenidos en los últimos 92 días fueron acusados de diferentes delitos la semana pasada por el Ministerio Público. Estos enfrentaron una audiencia preliminar sin la asistencia legal de sus abogados y el Poder Judicial les impuso un defensor público.
Audiencias ilegales
En el caso de Mendoza, los oficiales de la Policía allanaron su vivienda y se llevaron artículos y documentos personales. Supuestamente fue trasladado a las celdas del Chipote y un juez le impuso la detención judicial de 90 días, mientras se desarrollan las investigaciones.
El pasado 23 de junio, Margine Pozo, esposa de Mendoza, se presentó a las instalaciones de la DAJ para confirmar si efectivamente se encontraba en ese lugar y aseguró que las autoridades le confirmaron dicha información. LA PRENSA llamó a Pozo para conocer si ha obtenido noticias sobre su pareja, pero no contestó las llamadas ni los mensajes. Tampoco lo hizo Fresia Pozo, cuñada del preso político.
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Mientras, Maynor Curtis, abogado de Mendoza, reiteró que no ha logrado entrevistarse con su defendido, ya que este ha permanecido incomunicado.
Mendoza realizaba críticas al gobierno de Daniel Ortega a través de sus redes sociales.
El abogado explicó que los reos de conciencia que recientemente han enfrentado una audiencia preliminar sin su abogado de preferencia, ha sido porque los casos han caído en nuevos juzgados. “En este caso concreto sería ilegal que se le acusa ante otra judicatura que no sea el Juzgado Décimo de Audiencia, esto según el artículo 253 del Código Procesal Penal que establece que ante el mismo juez que se presentó la solicitud de detención judicial se debe presentar la acusación”, explicó Curtis.