La opositora y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Tamara Dávila, cumple este martes 31 de agosto 80 días en detención. Hace cuatro días fue acusada de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en el régimen de Daniel Ortega.
Ana Lucía Álvarez Vijil, hermana de Dávila y quien una vez se aferró con todas sus fuerzas a ella para impedir que la Policía se la llevara presa tras una protesta en Camino de Oriente, hoy resiste la ausencia de su hermana con lo único que le queda: la esperanza de que todo esto cambiará tarde o temprano.
Mientras tanto, los días están pasando y lo más difícil para Álvarez es contestar las preguntas de su sobrina de 5 años, hija de Tamara, quien ha llegado a querer saber si su mamá está muerta.
“Mi sobrina ha llegado a preguntar si su mamá está muerta, esas son las angustias de una niña de 5 años, cuya mamá está presa por esta injusticia, entonces para nosotros es importante reafirmarle que su mamá está presa, que la Policía la tiene, que no la deja salir, que no le permite usar su celular, pero que su mamá no está muerta”, relató Álvarez.
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La hija de Dávila estaba presente cuando un escuadrón de policías armados sacó a su madre de la casa, la noche del pasado 12 de junio.
Para la familia de Dávila, el caso de ella y de otros opositores se trata de una desaparición forzada, como además lo confirma un análisis de Amnistía Internacional, porque no saben nada de Dávila y no se pueden comunicar con ella desde la noche de su detención.
Álvarez dijo que la ausencia de información sobre su hermana se vuelve una tortura en su cabeza, es un desgaste emocional de vivir suponiendo lo que está sucediendo, imaginando todo lo que puede estar pasando en las cárceles del régimen..
“Nuestra preocupación diaria es que no sabemos si la Tamara está comiendo o no está comiendo; si se ha enfermado o si no se ha enfermado; si está viva o no está viva. Además, los riesgos y las vulnerabilidades particulares por ser una mujer, que están relacionadas con agresiones sexualizadas, no sabemos si la han agredido sexualmente, si la han violado, si la han torturado sexualmente…”, dijo Álvarez.
Originalmente Dávila fue detenida para ser investigada bajo la Ley de Defensa del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), que según los críticos fue creada para inhibir a los opositores a cargos de elección pública en las elecciones de este año.
Ahora que Dávila fue acusada por otro delito diferente, su hermana dijo que tuvieron que comenzar el proceso de defensa de cero, porque la nueva acusación se interpuso con otro número de asunto judicial y las autoridades judiciales lo interpretaron como una causa nueva. Los familiares también creen que le volvieron a poner un abogado de oficio porque a su abogada, que ya estaba nombrada ante la ley, no se le notificó sobre la audiencia que hubo.
“Esto es parte de las arbitrariedades, del cansancio, del agotamiento para la abogada, para la familia, de tener que ir a hacer trámite, tras trámite, tras trámite en instituciones públicas donde sabemos que todo el sistema está coludido para no dar justicia”, dijo Álvarez.
Al igual que Dávila, más de 30 opositores han sido detenidos en pleno año electoral, entre ellos siete aspirantes presidenciales. Todos han sido incomunicados y no han sido vistos por sus familiares ni por sus defensores legales. Los familiares han denunciado que solo líquidos les dejan pasar en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote, donde supuestamente se encuentran.