De los 34 presos políticos que el Gobierno ha detenido en los últimos 97 días, 25 han sido acusados por el Ministerio Público por diferentes delitos.
El 1 de septiembre fueron acusados los líderes campesinos Medardo Mairena y Freddy Navas, el politólogo José Antonio Peraza y el líder estudiantil Max Jerez, todos ellos por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Por este mismo delito, un día antes, el 31 de agosto, el Gobierno acusó a los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora y a la ex primera dama María Fernanda Flores.
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El 30 de agosto los exguerrilleros Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, junto con Suyén Barahona y el empresario Luis Rivas fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
El 27 de agosto por el mismo delito fueron acusadas Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil y el 26 de agosto, igual por el mismo delito, los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, el exdiplomático Arturo Cruz, José Bernard Pallais, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri y las opositoras Violeta Granera y Tamara Dávila.
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Por los delitos de apropiación y retención indebida fueron acusados Cristiana Chamorro, Marcos Fletes, Walter Gómez y Pedro Joaquín Chamorro. Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro, fue acusado por cooperación necesaria del delito de lavado de dinero.
Hasta hace unos días, familiares de algunos presos políticos los pudieron ver y señalaron que en algunos casos han sufrido tortura psicológica y se notan bajos de peso.