El cronista deportivo Miguel Mendoza y la exprimera dama y exdiputada María Fernanda Flores de Alemán cumplen este 8 de octubre 110 días; él en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote y ella bajo arresto domiciliar.
Conocidos y familiares de Mendoza denunciaron recientemente que el número de celular del cronista está siendo usado para generar una cuenta en la aplicación de mensajería Telegram.
Mendoza, con 25 años de experiencia dando cobertura a eventos deportivos, tiene 51 años de edad y en sus redes sociales compartió contenido crítico de diferentes personalidades que criticaban la forma de gobernar de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Esas publicaciones, mensajes de texto y los testimonios de los policías que allanaron su casa son parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía para acusar al periodista por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Mendoza en sus redes sociales Twitter y Facebook tiene 27,030 y 117,343 seguidores, respectivamente, pocas a nivel global, pero más que otras figuras citadas como “influencers”.
“Algunos amigos y seguidores de mi página en Facebook me están enviando desde hace semanas publicaciones de amenazas de cárcel que me hacen simpatizantes y bots sandinistas”, afirmó Mendoza.
Por su parte, María Fernanda Flores de Alemán es una de los cuatro detenidos bajo arresto domiciliar. Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, tomó protagonismo en el Partido Liberal Constitucionalista y era la cara visible de este partido en la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, a Flores y Mendoza se les detuvo en primera instancia por 90 días por el supuesto delito de atentar contra la sociedad nicaragüense de conformidad con la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
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Ambos, junto con Miguel Mora, director de 100% Noticias fueron acusados por la Fiscalía de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Según la Fiscalía, los acusados enfrentaron audiencias preliminares y un juez —de quien no se precisó el nombre ni el juzgado que dirige— admitió las acusaciones y decretó la prisión preventiva a los acusados. Señalan que la acusación se da conforme los artículos 410 y 412 del Código Penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.