Algunos de los 37 detenidos en los últimos 145 días cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), como una forma de proteger a personas “que se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable”, como mencionan en sus comunicados.
El 21 de mayo de 2018, al líder estudiantil Lesther Alemán —quien cumple 107 días detenido—, le otorgaron medidas cautelares por su participación en la mesa de diálogo y por ser parte del movimiento estudiantil, por lo cual empezó a recibir amenazas de muerte, asedio y acoso por las redes sociales.
El 9 de julio de 2018, la CIDH a través de una resolución anunció la adopción de medidas cautelares para el opositor y precandidato presidencial Félix Maradiaga, porque como director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) “habría sido objeto de amenazas, seguimientos y hostigamientos que serían resultado de las labores de denuncia realizadas a nivel nacional e internacional sobre los hechos de violencia que han tenido lugar en el país”, comunicó una nota de prensa de la CIDH.
Maradiaga cumple 134 días en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo Chipote.
Posteriormente, el 15 de octubre de 2018, la Comisión dictó medidas cautelares para el precandidato presidencial Medardo Mairena quien había sido detenido por primera vez en julio de 2018 y liberado tras una cuestionada ley de amnistía. Ahora, el líder campesino cumple 107 días en prisión.
El 23 de agosto de 2019 se dictaron medidas cautelares para la opositora Violeta Granera, porque su familia y ella se encontraban en una situación de gravedad. Sufría constantes amenazas de muerte, constante vigilancia, campañas de desprestigio a través de medios digitales afines al Gobierno, como El 19 Digital y Nicaleaks. Además, se tomaron estas medidas por la trayectoria política de la opositora desde antes del inicio de la crisis sociopolítica.
Igualmente, en 2019, debido a la situación de visibilidad del líder campesino Freddy Navas, la Comisión decidió otorgarle medidas cautelares para proteger su vida, el 14 de septiembre de 2019.
Este año, el pasado 24 de junio la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares en favor de la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, junto a sus extrabajadores Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco. Antes de ser detenidos, de manera arbitraria sufrieron acoso, recibieron amenazas y hostigamiento. La Comisión calificó que esta situación “reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH”.
Chamorro Barrios cumple 140 días bajo arresto domiciliario, mientras Gómez y Fletes llevan 145 días en las celdas del nuevo Chipote.
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El pasado 30 de agosto se dictaron medidas cautelares a favor de Ana Margarita Vijil Gurdián, Dora María Téllez Argüello, Suyén Barahona Cuan, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco Fonseca, integrantes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes MRS. También para el precandidato presidencial Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general de Banpro y fue vicepresidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Los miembros de Unamos cumplen 129 días en prisión. Cruz 137 días y Rivas 127 días detenido.
Hace cinco días, el 14 de octubre, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares al comentarista político Jaime Arellano, al líder estudiantil Max Jerez y al directivo del partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, porque a como afirmó el organismo “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.
En todos los anteriores casos mencionados, la CIDH ha solicitado al Estado nicaragüense que adopte las medidas necesarias para el respeto a la vida y los derechos de los ciudadanos que gozan de medidas cautelares.