La ex primera dama y exdiputada, María Fernanda Flores de Alemán, cumple 130 días bajo arresto domiciliario, ella es una de los 4 detenidos de los últimos 154 días que se encuentran custodiados en su vivienda. El mismo día en que ella fue detenida, el cronista deportivo Miguel Mendoza fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote. Ambos están incomunicados y detenidos en condiciones que no cumplen con lo establecido en el Código Procesal Penal.
El artículo 95 establece los derechos del imputado o acusado, entre ellos: ser informado en el momento de su comparecencia o de su detención de manera clara, precisa, circunstanciada y específica acerca de los hechos que se le imputan.
Además de comunicarse con un familiar o abogado de su elección o asociación de asesoría jurídica, para informar sobre su detención, dentro de las primeras tres horas. Cuando se trate de zonas rurales con dificultades de comunicación, este plazo se podrá extender hasta 12 horas y no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento.
El artículo finaliza “el imputado detenido, sin perjuicio de las medidas de vigilancia, deberá ser conducido y tratado por la Policía Nacional con las debidas garantías individuales, el respeto de su dignidad humana y la observancia del principio de inocencia, razones por las que no podrá ser presentado a la prensa en condiciones que menoscaben dichos derechos; sin perjuicio del derecho a la libertad de información de los medios de comunicación”.
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De acuerdo con un comunicado de la Policía, se detuvo a la exdiputada liberal María Fernanda Flores y al periodista deportivo Miguel Mendoza. Ambos, según el régimen de Daniel Ortega, están siendo «investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación».
La Fiscalía acusó tanto a Mendoza como a Flores, junto al periodista Miguel Mora por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
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