La presidenta de Unamos, Suyén Barahona; el vicepresidente del partido y general en retiro del Ejército, Hugo Torres; y los integrantes y dirigentes Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Víctor Hugo Tinoco cumplen hoy 140 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote. Los opositores fueron capturados en condiciones que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales consideran arbitrarias, por la falta de una orden de captura, la hora de la detención, entre otros.
Tinoco, por ejemplo, fue detenido alrededor de las 9:00 p.m. en el parqueo del centro comercial Galerías Santo Domingo por civiles en una camioneta Hyundai, según la denuncia de su familia.
Los cinco dirigentes fueron arrestados entre la mañana, mediodía y la noche del domingo 13 de junio. Previo a las detenciones, oficiales de la Policía asediaron y allanaron violentamente sus viviendas e incluso en las viviendas de los exguerrilleros Téllez y Torres los oficiales introdujeron drones. Los arrestados ese domingo se suman a Tamara Dávila, opositora e integrante de Unamos y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) detenida la noche anterior.
En comunicados por separado, la Policía dijo que los opositores están siendo investigados por haber realizado «actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».
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Posteriormente la Fiscalía los acusó como presuntos autores del delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
El proceso penal por la acusación de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» debe durar tres meses lo más, según la ley, pero la Fiscalía puede solicitar la tramitación compleja argumentando el concurso de delito (varios delitos), lo que implica que se duplica el plazo, es decir, que el proceso se extendería 180 días. Hasta puede durar un año por reprogramaciones de audiencias, explicaron juristas.
Dirigentes del Cosep cumplen 10 días
El ahora expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y el exvicepresidente de la misma cámara empresarial, Álvaro Vargas, fueron detenidos hace diez días por la Policía orteguista por una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos.
El Ministerio Público había realizado detenciones de miembros de dos organizaciones, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, alegando investigación de delitos similares.
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Healy y Vargas además son señalados, al igual que el resto de opositores presos en los últimos meses, por «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación». Todos estos señalamientos basados en la Ley 1055.