Luego de darse a conocer los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Nicaragua, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional han reaccionado con un torrente de críticas y denuncias.
Organizaciones pro derechos humanos mostraron su preocupación ante los resultados electorales en Nicaragua, que aseguran la continuidad en el poder de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según Amnistía Internacional, el resultado “vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas y garantizado la impunidad de crímenes del derecho internacional”.
Un conteo oficial parcial del Consejo Supremo Electoral da la victoria a Ortega y Murillo, su vicepresidenta, con algo más del 75 % de los votos, en una elección que se llevó a cabo sin observadores internacionales independientes, sin acceso a los medios extranjeros por orden del Gobierno y bajo denuncias de manipulación.
Después de darse a conocer los primeros resultados, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para proteger a los nicaragüenses, ya que la continuidad del gobierno de Ortega significa también la continuidad de lo que ella considera “una represión letal”.
“Durante los últimos años, hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, denunció Rosas.
La activista pidió a todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que participarán esta semana en la sesión ordinaria de la Asamblea General del organismo, “asumir colectivamente sin dilación la corresponsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas en Nicaragua y poner presión al gobierno de Ortega como primer paso ante este contexto poselectoral”.
Por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también reaccionó en su cuenta de Twitter sobre el tema, escribiendo que “la liberación de todos los presos políticos tiene que ser prioridad”.
Las palabras del secretario se dieron luego de sostener un encuentro con Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, y Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, dos de los más de 170 presos políticos en Nicaragua.
Más denuncias
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sostiene que Nicaragua es un “Estado policial” que usa tácticas de “miedo” y “control social” para “aplastar a la oposición”.
Los opositores denunciaron que la votación estuvo marcada por una abstención masiva, incluso cuando el Gobierno afirmó una participación del 65 %. Mientras que el observatorio independiente Urnas Abiertas estimó la participación en apenas un 18.5 %, muy lejos del 65.3 % del que habla el Tribunal Electoral.
El observatorio nicaragüense, que afirma contó con más de 1,450 observadores durante el proceso, estima que hubo una abstención “entre el 79 %, como mínimo, y el 84 % como máximo; con un promedio nacional del 81.5 % de abstencionismo”.