El gasto corriente en el Presupuesto de la República para sostener la burocracia del Gobierno creció cinco puntos porcentuales en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en nueve años, mientras el gasto en inversión retrocedió 11.5 puntos porcentuales. Revisar la eficiencia del gasto y de la estructura del servicio civil es de las reformas propuestas en el estudio Política Fiscal de Nicaragua .
Mario Flores, exministro de Hacienda y miembro de la Comisión Económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), presentó ayer el estudio. Insistió ante empresarios, políticos y economistas que para evitar que las reformas estructurales que se requieren para asegurar el equilibrio fiscal “sean traumáticas” el “cambio de rumbo debe discutirse” e implementarse de manera progresiva.
Con el gobierno de Daniel Ortega en 2014 al gasto corriente se destinaron 40,692.3 millones de córdobas, de los cuales 18,114.1 millones de córdobas se pagaron en remuneraciones o servicios personales (salarios).
Fue un fuerte incremento comparado con 2005 —en el gobierno de Enrique Bolaños—, cuando el gasto corriente fue de 9,613.8 millones de córdobas pagándose en salarios a los empleados 6,171.7 millones de córdobas.
Por ello el gasto corriente pasó del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2005 al 22 por ciento en 2014.
“El mensaje de este trabajo es que para mejorar el gasto se requiere eficiencia, (identificar) cómo hacer más eficiente el servicio civil, los programas sociales, los subsidios. No queremos dar recomendaciones traumáticas que tengan impacto en el crecimiento y en la población”, afirmó Flores.
Para el analista Edmundo Jarquín, “más importante que el número de empleados es el criterio con el cual se reclutan los funcionarios públicos. “Que sean con base en el mérito y la eficiencia y no con base en afiliaciones políticas partidarias”, dijo.
Ayer en la presentación el estudio, Flores resaltó que los indicadores macroeconómicos actuales son positivos al tener tasas de crecimiento de promedio del cuatro por ciento, una deuda pública del 40.6 por ciento y el déficit fiscal promediando dos por ciento del PIB.
“El gasto de capital que se traduce en aumento de infraestructura y consecuentemente en externalidades económicas que vuelven rentable la inversión y por tanto la creación de empleo se ha venido reduciendo y en el estudio se recoge como señales preocupantes”.
Edmundo Jarquín, analista.
Flores dijo que los ingresos tributarios “deben aumentar sin que se suban los impuestos”, pero las reformas deben revisar la productividad de las exoneraciones, focalizar los subsidios, como el energético, en los sectores de más bajos ingresos.
Leonardo Torres, vicepresidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), dijo que la informalidad del sector anda en 55 por ciento de las 350,000 mipymes que se estiman en el país. “Para hacer más atractiva la formalidad se debe facilitar la tramitología, la tributación”, declaró.
Torres planteó como forma de incentivar la formalización “que los incentivos fiscales solo los gocen las empresas formales”.
Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), mencionó que también debe asegurarse el Gobierno de lograr “una neutralidad en el tema de las transferencias municipales, es decir, que con las transferencias (de recursos) vayan las responsabilidades (de eficiencia) consistentes con las prioridades nacionales”.
Arana dijo que “lo importante es poner atención en el espacio fiscal con la perspectiva de evitar problemas en el futuro, porque la inestabilidad macroeconómica es lo que más impacta en la pobreza”.
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