Si se pagara un centavo de dólar por cada uno de los 240 millones de metros cúbicos de agua que cada año se infiltran en 45 reservas silvestres privadas de Nicaragua, sus propietarios estarían ganando 2.4 millones de dólares entre todos. Sin embargo, en el país no existe una política pública que promueva el pago por servicios ecosistémicos a los propietarios de reservas silvestres privadas que realizan conservación voluntaria.
Actualmente, en Nicaragua existen unas 98 áreas protegidas privadas. Estas se encuentran agremiadas en la Cámara de Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua y garantizan la conservación de unas 18,000 hectáreas en todo el país.
El pago por servicios ecosistémicos se refiere, según un estudio elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), a instrumentos económicos que buscan incentivar la conservación y rehabilitación de los ecosistemas a través de la creación de mercados donde se comercializan los beneficios que producen los ecosistemas.
La Cámara de Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua identificó que estas áreas protegidas generan al menos cuatro servicios ecosistémicos: capital natural, oferta hídrica, captura de carbono y potencial turístico.
Myrna Moncada, presidenta de la Cámara y propietaria de la Reserva Silvestre Privada Las Guacamayas, en Cárdenas, Rivas, aseguró que “una de las necesidades absolutas” que se tienen “es que haya una valoración de los servicios ecosistémicos que presta el bosque y las áreas protegidas”.
Otro servicio al que se le puede poner un valor es a la captura de carbono. Moncada explicó que 45 reservas (equivalente a 8,500 hectáreas conservadas) absorben 39,545 toneladas de carbono (CO2) equivalente al año.
Eso significa que si en Nicaragua existiera un mecanismo de venta de captura de carbono, los dueños de esas 45 fincas recibirían 395,456 dólares por año, teniendo como referencia un precio de 10 dólares la tonelada de CO2 equivalente.
PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, que es propietaria de la Reserva Silvestre Privada El Quebracho, ubicada en Buena Vista, El Castillo, señaló que la conservación privada es sumamente importante para la protección de los ecosistemas y para preservar una representación de los ecosistemas que existen en el país.
“Nosotros hacemos conservación, pero nadie nos valora el servicio que nosotros hacemos por conservar. En las reservas se ocupa personal, mantenimiento y recursos, por lo que si no hay muchas visitas desde el turismo, las reservas viven solo prácticamente con las personas que las resguardan. Entonces, empezamos a decir que es necesario que el país elabore una política pública que reconozca esas acciones de conservación privada que se hace en todo el país”, afirmó Ruiz.
Para Moncada, cuando la gente sepa que el árbol vivo vale más que el árbol muerto, todo el mundo va a conservar, sin embargo, eso no se ha logrado en Nicaragua porque “en el país todavía no se reconoce ese valor”.
LA MIEL, OPCIÓN DE RENTABILIDAD
Ante la falta de incentivos y políticas públicas sobre el pago por servicios ecosistémicos, los propietarios de reservas silvestres privadas, han venido trabajando en el fortalecimiento de otras opciones de sostenibilidad económica.
18,000 hectáreas de ecosistemas protegidos existen en Nicaragua, a través de la conservación voluntaria que realizan los propietarios de reservas silvestres privadas en unas 98 reservas distribuidas en todo el país.
Moncada aseguró que, dentro de esa exploración de alternativas de sostenibilidad económica, han encontrado en la miel un dulce refugio.
Las abejas son las mejores indicadoras de que los ecosistemas tienen buena salud, ya que estas son las encargadas de polinizar las plantas.
Entonces, a través de un sistema de cooperación triangular, donde existe un socio de país desarrollado, en este caso Alemania; un socio de país emergente, México; y un socio de país en vías de desarrollo, que vendría a ser Nicaragua con la Cámara de Reservas Silvestres Privadas, se busca tecnificar la producción de miel y promover el consumo de esta, tanto a nivel interno como en mercados internacionales.
“La producción de miel en Nicaragua todavía es ‘chiquitita’, entonces, aprovechando nuestras relaciones con el gremio de apicultores de Nicaragua, aumentamos el rango de productores de miel que se beneficiaron de la asistencia técnica aportada por los socios”, explicó Moncada.
Una ventaja de trabajar en este rubro, es que se pueden ofertar dos tipos de miel. Las abejas meliponas, o abejas sin aguijón, son las autóctonas; es decir, las que producen mieles como la de jicote o tamagás. Si bien las meliponas son menos productivas que las abejas apis (abejas con aguijón), su miel tiene mejor calidad y al menos 10 veces más valor.
Actualmente, el diez por ciento de las reservas privadas trabajan en la meliponicultura y la apicultura, aunque para este año, la meta es alcanzar al menos el treinta por ciento de las reservas.
Moncada aseguró que se mantienen optimistas sobre el futuro de las reservas silvestres privadas, y esperan que las autoridades apoyen sus iniciativas de conservación y faciliten los procesos para lograr la rentabilidad de la conservación voluntaria. “Mientras no reconozcamos que conservar te puede generar ingresos, el país va a seguir en la tendencia suicida de terminar con lo que tenemos”, sentenció.
ÁREAS ESTATALES EN AGONÍA
En contraste con el trabajo de conservación que realizan los propietarios de reservas silvestres privadas en Nicaragua, las áreas protegidas estatales enfrentan un deterioro progresivo de sus ecosistemas.
Según el informe “Crisis socio-ambiental de Nicaragua post sequía 2016”, elaborado por la organización ambientalista Centro Humboldt, al menos 12 áreas protegidas del país sufren afectaciones severas por la pérdida de bosque.
En el informe, Centro Humboldt refleja que la disminución en la cobertura forestal es “directamente proporcional al aumento de áreas agrícolas y pastizales”.
Esta situación se ve en mayores dimensiones en las grandes reservas como Bosawas, al norte del país; e Indio Maíz, al sureste.
Solo Bosawas, con un área de 2,552,081 hectáreas —según un informe de la Cooperación Alemana— representa el 14 por ciento del territorio nacional y posee al menos el tres por ciento de la biodiversidad mundial. Mientras que el sureste, con 1,834,000 hectáreas, incluye varias áreas protegidas como la Reserva Biológica Indio Maíz, la Reserva Natural Cerro Silva y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, entre otros.
