El Gobierno debe entender con claridad que la única comisión que aceptará para investigar la masacre, torturas y asesinatos de los universitarios es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), según la petición popular, que exige la destitución de la pareja presidencial después de más 45 personas asesinadas por la Policía Nacional, Juventud Sandinista y fuerzas paramilitares del régimen.
Recientemente la CIDH informó que solicitó al Gobierno de Nicaragua su anuencia para visitar el país, pero la respuesta fue que “debe aguardar el avance de los procesos internos”, en referencia a la Comisión de la Verdad que conformaría la Asamblea Nacional y las investigaciones del Ministerio Público.
Por todos es conocido que el titular del parlamento, Gustavo Porras, así como la fiscal de la República, Ana Julia Guido, son militantes del FSLN, subordinados, leales y sumisos a la pareja presidencial, por lo que esta estrategia dilatoria está descartada porque no goza de ninguna credibilidad. Solo mencionar esta propuesta en el diálogo nacional sería una ofensa para los familiares de los muertos y falta de seriedad que evidenciaría falta de voluntad para conocer en verdad a los responsables de la masacre estudiantil.
El Movimiento 19 de Abril, integrado por los estudiantes universitarios, exigió la semana pasada que solo acepta a la CIDH para que realice una investigación imparcial. Por su parte, el Cosep, AmCham, Funides y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua –a través de un comunicado conjunto–, solicitaron una investigación independiente y creíble. Léase y entiéndase, que espera que sea la CIDH la que haga este trabajo, rechazando de plano a Porras y a Guido.
En tanto, el obispo Silvio Báez manifestó a través de su cuenta de Twitter: “Los obispos de Nicaragua recibimos un ofrecimiento de apoyo y ayuda de parte de la CIDH, a quienes les pedimos que solicitaran el aval del Gobierno de Nicaragua para realizar la investigación seria y a fondo sobre la masacre de jóvenes en días pasados”.
Ante el rechazo del Gobierno, la CIDH instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi) para monitorear con especial atención la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua.
La nota disonante tenía que venir del sector del orteguismo. Jacinto Suárez, secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, en una entrevista a la BBC de Londres, dijo que lo que ocurre en el país es una conspiración pagada por Estados Unidos y agregó que la CIDH no es imparcial y que a título personal no creía en dicha instancia, tratando de desvirtuar unas protestas espontáneas y pacíficas de la comunidad universitaria.
Las declaraciones de Suárez son diametralmente opuestas a Bayardo Arce, asesor presidencial en temas económicos, que durante una entrevista con Univisión aceptó que el Gobierno se equivocó al efectuar unilateralmente las reformas al Seguro Social y que la represión a las protestas se habían salido de las manos.
Al parecer, la estrategia del orteguismo de cara al diálogo será revivir el discurso trillado de los años ochenta, donde todo lo que pasaba en el país era culpa del imperialismo y de la CIA.
¡Ve Jacinto! Tal vez le aconsejás a la pareja presidencial que propongan a la juventud nicaragüense que empiecen a cavar zanjas en las escuelas, universidades y barrios porque ya vienen los yankees a invadirnos. Ya veremos si esta generación de millenials agarra la vara como nosotros en los ochenta. Recordá que estamos en 2018.
Al momento de redactar este artículo de opinión me enteré que Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, estaba gestionando que esta instancia regional investigue en Nicaragua las muertes producto de las protestas. Tendría el respaldo de México, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá y Canadá para que el Consejo Permanente aborde ese tema.
Los temas torales del diálogo nacional son tres: La instalación de una comisión independiente y creíble para investigar los asesinatos en las protestas, para llevar a los responsables ante la justicia; la democratización de Nicaragua; y la salida pacífica del poder de la pareja presidencial.
Presión en las calles. Presión en la mesa del diálogo y presión internacional, obligarán a la pareja Ortega-Murillo adelantar las elecciones con un nuevo Consejo Supremo Electoral y supervigiladas por la comunidad internacional para que se respete la voluntad popular. De que se van se van.
El autor es periodista.