En momentos que han surgido voces opositoras que no ven esperanza en un proceso electoral, el Grupo pro Reforma Electoral (GPRE) reafirmó su posición de que la solución a la crisis que enfrenta el país “debe ser pacífica y constitucional, mediante un acuerdo político amplio que propicie la realización de elecciones libres, competitivas, transparentes y observadas”, expresó a través de un comunicado.
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Para propiciar esas condiciones, el GPRE considera que “es imperativo que el Gobierno cumpla con los acuerdos de liberar a todos los presos políticos y restablezca los derechos y garantías fundamentales, que permitan la discusión e implementación de reformas electorales como resultado del consenso de actores políticos y sociedad civil”.
El diciembre de 2019, el GPRE lanzó una propuesta de reforma electoral consensuada entre diferentes organizaciones opositoras, entre estas la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entre otros planteamientos, la reforma consensuada establece la eliminación de la reelección presidencial y la prohibición de que el cónyuge del presidente sea candidato a un cargo público.
El GPRE recordó en el comunicado que esa propuesta de reforma electoral consensuada, que ha venido trabajando con diversos sectores y consultada con expertos electorales internacionales, tiene la intención de contribuir “a recuperar la confianza en el sistema electoral, que promueva la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales y facilite el proceso de recuperación económica y social del país”.
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La base de la propuesta del GPRE es la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a criterios de idoneidad y no partidarios con participación de la sociedad civil.
Otro elemento indispensable es la despartidización de los organismos electorales (Consejo electorales departamentales, municipales regionales y las juntas receptoras de voto) a través de un proceso de escogencia aleatoria que permita la ciudadanización de los organismos electorales.
Otra demanda es la observación electoral irrestricta, conforme los estándares internacionales.
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Igualmente, el GPRE demanda un Padrón Electoral único, previa auditoría y depuración, reincorporando en forma obligatoria el proceso de verificación ciudadana masiva.
También establecen en su propuesta la modernización del sistemas tecnológicos particularmente el sistema de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados en tiempo real.
El GPRE pide además la fiscalización efectiva de los partidos políticos; procedimientos claros y eficaces de recursos legales contra actuaciones de lo órganos electorales; democratización de la constitución de nuevos partidos políticos; autonomía de las alianzas electorales y la reactivación de las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Secretaría General de la OEA con el propósito de contar con el apoyo técnico electoral de dicha organización.
En Nicaragua las elecciones no tienen credibilidad, debido a que el sistema electoral es controlado por los militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes han cometido fraude electorales desde 2008, para mantener en el poder al régimen de Daniel Ortega. De cara a las elecciones nacionales de noviembre de 2021, el GPRE y diversas organizaciones opositores han hecho el esfuerzo de consolidar un frente común contra Ortega.
Por su parte, los opositores que promueven que se descarte la salida electoral para sacar del poder a Daniel Ortega, argumentan que “acordar reformas electorales con el régimen, solo servirá para oxigenarlo, y crear falsas expectativas en la población”. La iniciativa denominada “Retorno al grito de Abril”, proponen un “giro urgente en la narrativa actual electoral que se maneja de parte de algunos sectores, y que toda la oposición unida demandemos la salida del régimen como la única solución sostenible y real para resolver la dramática situación de Nicaragua”.