En conferencia de prensa el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en conjunto con la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y cinco familias de presos políticos, condenaron una vez más la perpetración de detenciones arbitrarias por parte del régimen de Ortega y la situación de riego que se vive en las cárceles.
“El CENIDH y la UDJ con suma preocupación expresan la escalada de detenciones como una estrategia perversa por parte del régimen Ortega Murillo que violenta los derechos fundamentales, viola la legislación nacional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, expresó Georgina Ruiz, abogada defensora de derechos humanos del CENIDH.
El pronunciamiento se realiza porque en julio y agosto del año en curso, el régimen se ha ensañado con excarcelados políticos que tenían meses de haber sido liberados y otras personas que también participaron en las protestas del 2018.
Se conoce de un total de 88 personas detenidas ilegalmente en los últimos cuatro meses del año, de estos 55 fueron liberadas y 17 de estas detenciones se dieron en la semana del 10 al 16 de agosto.
Parte de la denuncia que realizan las organizaciones y familias, son los allanamientos a las casas de los presos políticos y sus familiares, como pasó el 14 de agosto en la casa de la familia del preso político de Bryan Alemán, que fue allanada sin orden judicial y usando violencia e intimidación, horas después de la realizada la detención de Alemán.
“Habían unos niños, fueron maltratados por la guardia, había un niño con síndrome de Down y realmente no he estado bien…no es posible lo que llegaron a hacer con una hija mía de 19 años, intentaron muchas cosas de violaciones en mi casa” denunció María Mercedes Alemán, mamá de Bryan.
Re encarcelación y amenazas a familiares
Alexandra Salazar, representante de UDJ, manifestó su preocupación al ver el aumento de la detención arbitraria de excarcelados. “Según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas, del total de personas presas políticas al 4 de agosto, 20 de ellas son personas excarceladas que se han enfrentado a un nuevo encarcelamiento y están enfrentando procesos judiciales”, expresó.
Tal es el caso de Gustavo Mendoza, quién fue detenido el pasado 29 de julio por tercera vez y una vez más está siendo goleado, torturado y aislado, como se lo ha comentado a su familia durante las visitas.
“No sé cuál es el fin de Daniel Ortega porque ya el pueblo está cansado de él, soltó a los muchachos en diciembre y los está volviendo a capturar, eso no tiene lógica”, dijo Marbely Leal, esposa de Mendoza.
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Así mismo, Aracely Medal, familiar del preso político Manuel Sobalvarro, quién está encarcelado desde el 16 noviembre del 2019, denunció que desde el principio a él lo han golpeado en la cárcel y además la familia se ha visto forzada a dejar sus hogares por las constantes amenazas a sus vidas.
“Le encontraron un diario, en el que él llevaba día a día su vivencia. Por un diario a él lo amenazaron nuevamente, volvieron a amenazarnos a nosotros los familiares y le dijeron que por ese diario a él lo podían matar”, denunció Medal.
Denuncian falta de información y atención médica
Las familias también denuncian que a los presos políticos les han negado medidas, atención y medicinas para enfrentar la pandemia, según el testimonio de Lucrecia Valencia, madre de preso político que estuvo infectado por el COVID-19. “Es triste que ni una pastilla les puedan dar…gracias a Dios no me lo han golpeado, pero ideay, se me iba a morir mi hijo con el COVID”, señaló.
Todas las familias denunciaron la falta de información de sus familiares durante la detención y estadías en las cárceles del país, como en el caso reciente de Cristian Meneses, quién participó en las protestas y barricas de Masaya en 2018,
Meneses fue detenido por el Ejército de Nicaragua el pasado 15 de agosto en la frontera con Costa Rica mientras laboraba en una finca, su familia se dio cuenta de su detención por redes sociales.
Hasta el momento las autoridades no le han informado oficialmente a la familia de Meneses sobre su detención y además les niegan información de su paradero incluso en las oficinas del ejército.
“Pido a la institución de la policía del Chipote, que me den una referencia de mi hermano que me digan que lo tienen allí, que está vivo, también le pido que respeten la vida e integridad de mi hermano”, dijo Claudia Meneses, hermana de Cristian.