CIDH preocupada por tendencias contra la libertad de expresión y el acceso a la información

La región de las Américas ha tenido muchos obstáculos para garantizar derechos como la libertad de expresión y acceso a la información antes y durante la pandemia. Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros países de Centroamérica han sido los más afectados en la restricción de estos.

“La obligación de transparencia sobre aspectos relativos al covid, así como la máxima disposición para brindar información a quién lo solicite, se convierten en dos armas poderosa para combatir la crisis sanitaria”, dijo el Joel Hernández, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al iniciar un foro virtual sobre este tema.

Así mismo, añadió que la limitación de derechos que se dio para atender la crisis sanitaria, no puede convertirse en suspensión de la libertad de expresión en nombre de la salud pública, ni que las medidas adoptadas son justificaciones para encubrir acciones represivas.

Libertad de expresión y acceso a la información

Si bien estos dos derechos son importantes en todo momento, en la región de las Américas existen tres tendencias preocupantes en los estados que pretenden obstaculizar el goce de estos, las cuales están presentes en Nicaragua según los ejemplos utilizados por los exponentes.

La primera es la presión ejercida contra periodistas y medios de comunicación “esta tendencia incluye la criminalización de la libertad de expresión, para limitar críticas o información que presente de forma negativa las respuestas de los gobiernos ante la pandemia” dijo Catharine Christie de Diálogo Internacional.

La segunda tendencia es el límite en transferencia y acceso a la información, pues en muchos países aprovecharon para limitar el acceso a algunos periodistas a fuentes gubernamentales, en el caso de El Salvado y Guatemala.

“En mayo una encuesta de la alianza regional por la libre expresión e información, reveló que el 83% de los países de américa latina no estaban cumpliendo con los plazos en la entrega de la información”, comentó Christie.

Por otro lado, dijo que en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba hay una falta total de la información pública sobre el gasto estatal para abordar la emergencia sanitaria.

Sobre el tema de acceso a la información es importante destacar que en Nicaragua a 13 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se han creado las Oficias de Coordinación de Acceso a la Información Pública (OCAIP).

La tercera tendencia es la información errónea o desinformación, la cual en muchas ocasiones es difundida por funcionarios públicos.

“La OMS se ha referido a la emergencia sanitaria como una infodemia, donde hay sobreabundancia de información, a veces correcta, a veces no, que hace difícil que la gente encuentre fuentes y consejos confiables” expresó Christie.

“Todo esto encaja y son expresiones de un contexto en general en el que la estigmatización y el discurso de ataque al periodismo en Centroamérica se han normalizado”, dijo José Luis Sanz Director del Sitio de periodismo investigativo “El Faro”, de El Salvador.

Sanz, quién durante su intervención expreso que en Nicaragua además de haber una respuesta de negación, hay un bloqueo absoluto de información y además mencionó el uso de medidas fiscales para embargar medios de comunicación independientes.

Sanz también indicó que al igual que en Nicaragua, en El Salvador hubo robos de equipos en casas de los periodistas, estigmatización y criminalización de periodistas y prohibición de acceso a algunas conferencias o negación de entrevistas a funcionarios a periodistas de medios independientes.

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Protección de la privacidad

Otro problema que se ha observado en la región ha sido el uso de datos personales de la población por parte de los gobiernos, como parte de las medidas para garantizar la seguridad en el espacio cibernético u obtener datos que permitan tener una mejor visión del impacto de la pandemia.

Sin embargo en muchos casos los protocolos aplicados no han cumplido con principios fundamentales como test de legalidad necesidad y proporcionalidad, necesario para asegurar que dichos protocolos se apliquen para ser más efectivos en el combate de la pandemia.

“La mayoría de las medidas han sido tomadas en contexto de potestades ejecutivas administrativas que no precaven y no contemplan en sí mismas los resguardos para que estos mecanismos efectivamente solo sean utilizados con la finalidad de proteger la salud de la población y que no se recoja información que finalmente no va a ser útil para esa finalidad o que esa información finalmente termine siendo utilizada con otros propósitos en contextos políticos sociales problemáticos”, expresó María Paz Canales, Directora Ejecutiva de Derechos Digitales de Chile.

“La privacidad debe ser entendida como un derecho habilitador del ejercicio de otros derechos humanos para evitar que en el futuro se produzcan no solo riesgos en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, pero también en relación al ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, dijo Canales.