Este lunes 5 de octubre fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial, la aprobación por Decreto Presidencial de un denominado Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, promovido por el Gobierno.
Para los críticos, este documento es “papel mojado” en un país donde la impunidad hacia la violencia en contra de la niñez prevalece y la única exigencia es respetar o temer el rojinegro de la bandera partidaria del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Otro punto que cuestionan los expertos consultados es que la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes es utilizada por la dictadura para justificar leyes pensadas para reprimir a los opositores, como la propuesta de ley de cadena perpetua que el dictador ordenó preparar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera un oportunismo hacer esta publicación en momentos que la sociedad sufre el incremento de asesinatos atroces de niñas, niños, adolescentes y mujeres, sabiendo que en la práctica el Estado no hace nada para defenderlos.
“(Ortega y Murillo) Quieren montarse y aparecer como los protectores de la niñez en medio de toda la barbarie que está ocurriendo; cada día son niñas muertas, violadas. Es un problema bien serio y bien grave, entonces ellos, para atraer la atención, quieren aparecer como los magnánimos”, dijo Núñez.
La defensora de derechos humanos recordó el caso de la Ley 779, Ley contra la violencia hacia las mujeres, que en el momento de su aprobación fue celebrada por las organizaciones de mujeres por ser rígida contra los agresores, pero con el tiempo el régimen orteguista la fue reformando para convertirla en una ley sin garras ni dientes. La falta de aplicación de la Ley 779 es la mejor prueba para Núñez de que al régimen no le interesa cumplir los derechos que protegen a los más vulnerables.
“El papel aguanta lo que le ponen”
Después de 13 años de concentración de poder, deterioro del Estado de Derecho, manipulación de las leyes, fraudes electorales, y los dos últimos de represión armada contra las protestas opositoras, nada bueno se puede esperar de Ortega, opinó Núñez.
“Ellos son absolutamente incapaces de hacer algo constructivo. Su mente ya está diseñada para destruir y no para construir. A mí me genera un gran escepticismo o una gran desconfianza. Que no nos vengan a distraer con cosas que después no van a cumplir, porque, además, acordate del dicho aquel: que ‘el papel aguanta todo lo que le ponen’, y entonces ellos ocupan esas leyes para hacerse propaganda internacional… es el más perverso oportunismo político”, expresó la defensora de derechos humanos sobre la aprobación del Protocolo.
Desesperados por dinero, buscan llamar la atención
Además, Núñez señaló la posibilidad de que el orteguismo esté en busca de financiamiento internacional y por eso divulga la ratificación de ese Protocolo, para dar la apariencia de que está fortaleciendo las instancias correspondientes para su aplicación. “Están desesperados por dinero y ese tema puede ser un gancho para conseguir cooperación. No me extraña, porque a esa gente solo el dinero les importa”, manifestó la defensora.
El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez fue la entidad designada para coordinar la aplicación del Protocolo. Según el escrito, el objetivo general es “fortalecer la capacidad de respuesta interinstitucional del Estado de Nicaragua para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia sexual a través de normas y procedimientos que cumplan con los estándares de derechos humanos, perspectiva de género y una protección reforzada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, para garantizar acceso afectivo a la justicia”.
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Muy lejos de ser protectores de los derechos humanos, el régimen Ortega Murillo es responsable de justificar crímenes y agresiones políticas desde 2018, usando a la Policía como instrumento de represión, lo que desde entonces generó un clima de impunidad a favor de los grupos armados afines al régimen y falta de confianza en las autoridades de todas las instancias públicas.
Más de 300 personas murieron por la represión contra las protestestas civiles en 2018, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que la Policía Orteguista y los parapolicías cometieron “crímen de lesa humanidad” contra la ciudadanía opositora.
Ante la desenfrenada violencia que se ha desatado en el país, principalmente contra mujeres y niñas, el pasado 15 de septiembre Ortega anunció que promoverá una reforma a la legislación penal, para que se aplique la cadena perpetua por “crímenes de odio”, pero también hizo ver que esta condena será aplicada a los opositores que fueron liberados por una Ley de Amnistía en 2019, en alusión a los presos políticos excarcelados, lo que dejó claro el verdadero interés del régimen.
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Luisa Molina, expresidenta de la Federación Coordinadora de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), manifestó que no es con condenas perpetuas ni con castigos extremos que se erradica la violencia de un país. También señaló que no se puede esperar que un país donde no se cumple el Estado de Derecho pueda mantener bajo control los crímenes.
“No podemos analizar una ley aislada del contexto económico, político o aislada de la realidad social que vive la familia. Una ley que se presenta ahorita en este contexto, donde no hay condiciones de ningún tipo porque no tenemos Estado de Derecho, muy difícilmente los derechos de los niños se van a lograr cumplir. Y está comprobado por la historia y por la ciencia, que no son únicamente los mecanismos de represión o el endurecimiento de las leyes, los que van a resolver la problemática de la violencia, porque la violencia solo engendra más violencia en la sociedad”, valoró Molina.
Molina aseveró que el Protocolo de atención integral para la niñez y la adolescencia es una ley que no se va a cumplir. Es un requisito solicitado por la comunidad internacional y el régimen quiere aparentar ponerla en práctica para estar a la altura de los estándares mundiales sobre derechos de la niñez.
La percepción social del incremento de la violencia en Nicaragua se conecta directamente con miles de liberaciones de presos comunes en los últimos meses, mientras cada semana se conocen nuevos casos de mujeres y niñas violadas y asesinadas, en un país que ya ve en su horizonte los niveles de violencia de Honduras, Guatemala o El Salvador.