La Organización de Estados Americanos (OEA), con el voto de 20 países, y 609 diputados del Parlamento Europeo (PE) aprobaron este mes desafiantes resoluciones que demandan justicia, paz, libertad y democracia para Nicaragua y, particularmente la OEA, puso un plazo a Daniel Ortega para que cumpla con reformas electorales que aseguren elecciones libres y transparentes en el país.
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Pero los críticos valoran que la oposición nicaragüense también tiene que hacer su parte. El exembajador de Nicaragua ante la ONU, Julio Icaza Gallard, valoró que una resolución no será suficiente sin la presión interna en Nicaragua, para generar mayor apoyo internacional y mayores sanciones.
Icaza explicó que la Carta Democrática Interamericana, que rige a la OEA, tiene limitaciones orgánicas y lo máximo que puede hacer no asegura el fin de una dictadura.
“Su máxima sanción es la suspensión del país de la organización y que requiere una mayoría calificada de votos que no ha sido posible lograr. La próxima Asamblea, que será en junio del 2021, a la luz del informe que debe rendirle el Secretario General, podría recomendar a los Estados miembros el no reconocimiento de los resultados de unas elecciones que no cumplan con los estándares internacionales y las recomendaciones señaladas en la resolución adoptada. El reconocimiento o no del gobierno resultante de esas elecciones fraudulentas y las medidas diplomáticas que cabría adoptar serían una decisión soberana de los Estados”, valoró Icaza.
“OEA no va a resolver los problema de Nicaragua”
El exdiplomático agregó que “el no reconocimiento, aun cuando supone una situación muy grave para cualquier gobierno, no implica un derrumbamiento automático”.
“Creo que esta resolución debe terminar de convencernos que no es la OEA ni la comunidad internacional la que va a resolver el problema de Nicaragua, que la comunidad internacional nos puede acompañar y apoyar, pero es a los nicaragüenses a quienes nos corresponde acabar con la dictadura de Ortega”, expresó.
Para Icaza, la presión interna efectiva solamente puede derivarse de más organización, coordinación y unidad de la oposición democrática. También “deben tener una estrategia realista y efectiva dirigida a golpear los principales sostenes del régimen para debilitarlo al máximo y obligarlo a negociar”.
El exdiplomático advirtió que si se espera que las reformas electorales estén implementadas antes de mayo 2021, como lo demanda la Resolución de la OEA, las acciones de presión debería empezar ya.
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Igualmente el exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, manifestó que ni la OEA ni otro organismo internacional llegará a Nicaragua a hacer lo que solo los opositores tienen el deber de hacer. “Los organismos internacionales no hacen milagros”, expresó Díaz.
Por otra parte, el exembajador Díaz opinó que la eficacia de los organismos internacionales también está a prueba, porque tienen que demostrar que sus mecanismos son útiles para empujar la democracia en los países, cuando atraviesan crisis como la de Nicaragua y Venezuela.
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Unidad auténtica
La Alianza Cívica es una de las organizaciones que agrupa a una parte de los sectores de oposición. Nació de la unión de los sectores opositores que intentaron dialogar con el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018, en medio de la represión contra las protestas civiles.
A diferencia de otras organizaciones, la Alianza Cívica tiene reconocimiento internacional por impulsar y promover el diálogo nacional con Ortega en dos ocasiones. Pero en dos años que han pasado, la unidad lograda en la mesa de diálogo, se ha ido desgranando y algunos de sus miembros se han retirado.
El coordinador general de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann Bernheim, reconoció que la presión contra el régimen orteguista debe ser a dos bandas: interna y externa. Particularmente a nivel interno, Tünnermann dijo que el trabajo de los opositores es lograr una “unida auténtica”.
“La presión interna debe consistir en que se pueda lograr una unidad auténtica, en la que no haya pretensiones hegemónicas de ninguna de las partes; una unidad sin confrontaciones ni descalificaciones recíprocas; una unidad en que comprendamos que el adversario común es Ortega. Aquí se trata de una dicotomía entre democracia y dictadura”, manifestó Tünnermann.
Opositores se organizan por separado
Los sectores opositores de Nicaragua están empujando un proceso de unidad en la plataforma Coalición Nacional (CN), en el que participa la Alianza Cívica. Pero hasta ahora ese espacio se ha dado a conocer más por los conflictos y diferencias entre sus miembros, que por la resolución de sus divergencias. Aún así, la CN logró consensuar una propuesta de reforma electoral, en consonancia con la demanda de la comunidad internacional.
En las últimas semanas la Alianza Cívica se ha estado organizando separada de la CN, mientras los demás sectores de CN también impulsan su propia organización.
Tünnermann señaló que no pueden participar en la unidad grupos que aún siguen siendo apéndices del régimen de Ortega, en clara alusión al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que también integra la CN.
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“No se puede ser opositor y al mismo tiempo estar participando de alguna forma en las instancias del régimen. Me dirán que los diputados que están en la Asamblea Nacional hacen oposición, pero como son minoría, es una oposición que no tiene posibilidades de lograr cambios en lo que el gobierno propone, porque tiene una mayoría calificada suficiente como para derrotar cualquier cambio que haga el grupo opositor. Entonces, tiene que haber sinceridad, transparencia: se es opositor o se tiene todavía alguna participación en el régimen y hay un partido, que es el PLC, que tiene funcionarios que están en la Contraloría General de la República y en otros organismos del gobierno, incluso en la Corte Suprema de Justicia. Para demostrar su compromiso con la democracia, deben retirarse”, dijo Tünnermann.