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CONTENIDO EXCLUSIVO.Expertos en Derecho han valorado que la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, está redactada con términos amplios, vagos, imprecisos y ambiguos, lo que se presta para castigar a conveniencia las expresiones de crítica, oposición y divulgación de información de interés público que a la dictadura le interese mantener oculta.
Desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, todas sus reformas a las leyes y a la Constitución Política están encaminadas al control absoluto y centralización del poder. Y en los últimos años sus esfuerzos han estado dirigidos a reprimir, neutralizar, aplastar y eliminar todas las manifestaciones de crítica y oposición a su régimen. Las redes sociales no iban a ser la excepción.
Los artículos 22, 25, 26, 28, 29 y 30 de la “Ley Mordaza” establecen lo medular de la censura que se quiere imponer a las expresiones críticas en las redes sociales y los medios de comunicación independientes.
La organización opositora Alianza Cívica publicó un análisis de la Ley de Ciberdelitos en el que determinó que podría atentar contra las expresiones de parodias y sátiras, debido a que no establece criterios de aplicación para castigar la suplantación y apoderamiento de la identidad informática establecida en el artículo 22, en tiempos que los jóvenes usan otras identidades en las redes sociales y se burlan de los políticos y personajes públicos con memes, videos y todos los elementos a su alcance en el universo virtual.
El artículo 25 de la “Ley Mordaza” establece que las publicaciones de información pública, obtenidas a través de filtraciones, serán sancionadas. Este establecimiento podría responder a las filtraciones de documentos públicos por parte de hakers informáticos que han revelado, por ejemplo, planillas de ministerios con supernumerario de empleados y megasalarios. También por medio de estas filtraciones fue revelado a la población un informe del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la situación de la pandemia del Covid-19, cuyo contenido expuso la mentira de la dictadura sobre un bajo contagio en el país.
El analista político y abogado, Eliseo Núñez Morales, observó que hay una contradicción en ese artículo, porque “la información o es pública o es reservada”. “Debería decir información estatal reservada por motivos de seguridad y este concepto debe estar definido en la Ley de acceso a la información. Pero en realidad está encaminado el artículo a criminalizar la obtención de datos del gobierno por medio de filtraciones”, recalcó.
Las fotos y videos de eventos personales o privados de los hijos del dictador son publicaciones que causan innumerables reacciones en las redes sociales y no para hacer elogios. El artículo 26 podría estar dirigido a castigar a quienes filtran y/o publican fotos de eventos como la fiesta rusa del hijo tenor de Ortega, Laureano Ortega Murillo; el casamiento de Camila, o videos de las salidas a bares y karaokes de Juan Carlos con su novia Xiomara.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que publicaciones de eventos personales o privados a través de filtraciones como las anteriores mencionadas, con la “Ley Mordaza” definitivamente constituyen un delito.
La defensora de derechos humanos valoró que la “Mordaza” no podría ser aplicada a las publicaciones pasadas de fotos e información obtenida a través de filtraciones, porque en derecho no existe el efecto retroactivo —solo para favorabilidad penal—, pero la abogada reconoce que el régimen hace lo que quiere porque en el país no hay Estado de derecho.
Por otra parte, Núñez explicó que las regulaciones que limiten o prohíban la falta de respeto a la privacidad son justas, pero el problema con la Ley de Ciberdelitos es que “no está diseñada con el fin de regular, sino que absolutamente persecutoria”.
“Esta ley es un instrumento más de represión y definitivamente lo que pretende con esto es criminalizar no solamente al periodismo independiente, a los medios de comunicación, sino que también a todas las personas que de alguna manera quieran ejercer el derecho a la protesta, su derecho a la opinión, todas esas situaciones las están prácticamente criminalizando, porque esto no se está diseñando para regular y que todo funcione bien, sino para ser instrumento represivo”, insistió Núñez.
Desde antes de 2018, que fue cuando comenzaron las protestas civiles, los críticos y opositores, principalmente los más jóvenes, habían encontrado en las redes sociales un espacio para descargar su irá contra las injusticias y arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega, llegando a expresar toda clase de epítetos, ofensas e insultos contra la familia gobernante Ortega Murillo, contra los sandinistas en general y contra el FSLN.
Después de Ortega y su esposa, sus hijos son quienes más provocan furor, animadversión y expresiones negativas en las redes, principalmente Juan Carlos Ortega, quien también hace publicaciones amenazantes contra los opositores que critican a su papá. La novia de Juan Carlos, Xiomara Blandino, también ha sido duramente criticada en las redes sociales por su relación con él. Los opositores más crudos han hecho publicaciones denigrantes, vulgares y de mal gusto contra la ex Miss Nicaragua.
Murillo ha dicho que los opositores promueven la violencia y el odio contra los sandinistas, y en sus discursos constantemente recuerda el caso del trabajador público sandinista Bismarck Martínez, de quien se divulgó un video en 2018 cuando fue retenido y golpeado por jóvenes autoconvocados de Jinotepe —ciudad que en ese momento estaba resistiendo los ataques armados de los sandinistas, que llegaron a hacer una masacre para quitar los tranques ciudadanos, en la denominada “Operación Limpieza”—. Murillo también recuerda el caso de sandinistas que fueron desnudados y pintados de azul y blanco en 2018.
El artículo 28 podría estar hecho a la medida de quienes divulguen y compartan publicaciones contra la familia Ortega Murillo, su partido y contra su militancia en general.
El régimen de Ortega criminaliza las marchas, protestas, plantones y concentraciones públicas de los opositores; también criminaliza a los organismos y personas que las convocan, como lo declararon el 28 de septiembre de 2018, a través de un comunicado de la Policía Orteguista (PO). Además, la primera dama y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, dice todos los días en sus discursos que los actos de 2018 fueron “crímenes de odio”, “destrucción”, “delincuencia” y “vandalismo”, así que la promoción de manifestaciones y protestas contra el régimen a través de las redes sociales —que fue la manera original en que se convocaron las protestas de 2018—, entran en la descripción del artículo 29, según la realidad paralela en el imaginario de Murillo.
Para el régimen Ortega Murillo todo lo que publican los medios de comunicación independientes es información falsa, aunque el presidente nunca ha concedido una entrevista a los medios locales para negar lo que se divulga sobre su régimen.
Irónicamente los simpatizantes del régimen orteguista y sus medios de comunicación son los que más amenazan y divulgan información falsa en las redes sociales.