El margen de 60 días que el régimen de Daniel Ortega estableció para que entre en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos, sería un tiempo que la dictadura necesita para preparar la aplicación de la misma, explican opositores y activistas por los derechos humanos.
La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que las recientes leyes aprobadas por el régimen orteguista, para ampliar su control y censura a las redes sociales y a las finanzas de las organizaciones opositoras, tienen el rol de intimidar y frenar las expresiones de oposición y protestas, pero está segura que el régimen no tiene la capacidad de aplicarlas.
Lea También: Ley Mordaza transgrede al menos tres derechos constitucionales
Núñez dijo que ha tenido conocimiento de personas que llegaron al Ministerio de Gobernación para declararse como agentes extranjeros en obediencia a la Ley de Agentes Extranjeros, denominada también como Ley Putin–recién aprobada por el régimen con la pretensión de controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras, para supuestamente “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”–; pero según Núñez, no los atienden porque no han creado la oficinas correspondientes.
“En el caso de los agentes extranjeros, nos informaron que han llegado alguna gente a quererse registrar en el Ministerio de Gobernación y no los reciben. Les dicen que todavía esperen, que no saben quién lo va a hacer, porque, según esa otra ley (Ley de Agentes Extranjeros), tienen que crear una estructura nueva o dirección nueva o anexarle esa facultades de terror a otra ya existentes.”, relató la defensora de derechos humanos.
Por la anterior razón, la defensora de derechos humanos cree que el vacatio legis de 60 días “es una aceptación de la incapacidad que tienen para ejercer el espionaje que están planteando” a través de la aplicación de la Ley de Ciberdelitos.
“Están obligando a los prestadores de servicio a que creen esa estructura de espionaje, para poderla aplicar a los particulares. Y pienso también que no están listos”, dijo Núñez.
Lea También: Estos son los actos de protesta, crítica o rebeldía ciudadana que condena con cárcel la «Ley Mordaza»
La abogada señaló que “para aplicar la vigilancia de los prestadores de servicio, que es el establecimiento del espionaje, le dan a Telcor un plazo de tres meses después que entre en vigencia (la Ley de Ciberdelitos), para tener lista esa estructura”.
La Ley de Ciberdelitos, denominada “Ley Mordaza” porque penaliza la libertad de expresión en las redes sociales, establece penas que oscilan entre uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones de crítica, oposición al régimen de Daniel Ortega y también criminaliza la divulgación de información de interés público que el régimen quiere ocultar.
El abogado José Pallais Arana opinó que este margen de tiempo “es para poner a punto todo el aparato represivo, entrenando a los funcionarios que intervendrán en su aplicación y poder hacer todas las coordinaciones con las empresas prestadoras de servicios en el área de comunicación”.
Lea además: Diputados orteguistas reconocen que combo de leyes busca neutralizar a opositores
El abogado Eliseo Núñez Morales valoró que haberla aprobado con un margen de tiempo para su entrada en vigencia, es “para darle una imagen propia de las leyes altamente técnicas que requieren vacatio legis por la complejidad de su implementación”.