La reunión, manifestación y organización ciudadana son derechos claramente establecidos en la Constitución Política. Pero la Policía Orteguista (PO) a diario violenta estos principios al impedir las actividades de las organizaciones políticas y sociales, como se ha venido observando de manera dirigida y sistemática, particularmente este año, tras dos años de crisis por la represión contra las protestas civiles.
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Reunirse en los municipios es un reto cada fin de semana para los miembros de partidos políticos opositores y organizaciones civiles. La PO los persigue, los detiene, los intercepta, les quita materiales y documentos sobre su organización y les impide reunirse libremente con su afines.
Este fin de semana pasado, el segundo jefe de la Policía en Matagalpa irrumpió en un local de esa ciudad, donde estaban reunidos miembros de la Coalición Nacional y ordenó que todos se salieran, sin explicar el motivo del arrebato.
La Coalición Nacional es una plataforma de unidad opositora que tiene el objetivo de unir a las personas y sectores adversos al régimen de Daniel Ortega. Con ese propósito sus directivos intentan viajar cada fin de semana a los territorios para juramentar a sus directivos locales, lo que se ha vuelto un riesgo por las agresiones, asedio y hostigamiento al que son expuestos, tanto de parte de la PO como de los fanáticos orteguistas.
Uno de los casos recientes más graves ocurrió el pasado domingo 11 de octubre en Masaya, donde los sandinistas apedrearon a los opositores a la vista y paciencia de la PO, resultando con lesiones en la cabeza Verónica Chávez, periodista y esposa del también periodista excarcelado Miguel Mora.
Asimismo el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Ciudadanos por la Libertad son otras dos organizaciones políticas cuyos miembros son perseguidos y asediados por la PO y los parapolicías, al igual que los de la Alianza Cívica.
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Sin embargo, desde 2018 la PO coordinada con civiles armados afines al régimen de Daniel Ortega, aplastó las protestas civiles a punta de ataques armados. En septiembre de ese año, la PO emitió un comunicado que amenazó con encarcelar a las personas y organizaciones que convoquen manifestaciones.
En general, el régimen de Daniel Ortega, a través de la Policía, anuló el derecho de los ciudadanos a hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta, como lo establece el artículo 52 de la Constitución.
Artículo 5
Pero además, desde los primeros artículos de la Carta Magna se establece la importancia de los derechos a la libertad, la justicia y el pluralismo político y social.
El artículo 5 explica que “el pluralismo político asegura la libre organización y participación de todos los partidos políticos en los procesos electorales establecidos en la Constitución y las leyes; y su participación en los asuntos económicos, políticos y sociales del país. Los valores cristianos aseguran el amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, el respeto a la diversidad individual sin discriminación alguna, el respeto e igualdad de derecho de las personas con discapacidad y la opción preferencial por los pobres”.
Más de 300 personas murieron en 2018 por la represión armada de la PO y los parapolicías, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).