Faltan 12 meses exactamente para las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) en Nicaragua, sin que el régimen de Daniel Ortega muestre voluntad clara y pública de reformar el sistema electoral, totalmente controlado por sus partidarios, y en consecuencia sin credibilidad ni confianza para la ciudadanía y los actores políticos claves en este proceso. Como si de un complejo juego de ajedrez se tratase, las piezas del tablero político buscan acomodarse frente a una partida en la que se juega el futuro político y democrático de todo el país.
El politólogo José Antonio Peraza manifestó que dentro de este tiempo limitado de un año, el próximo mes de diciembre es clave para que el orteguismo haga alguna movida en la Asamblea Nacional, como es habitual cada fin de año.
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Peraza habla sobre una reforma seria a la Ley Electoral (Ley 331), con el objetivo de devolverle la credibilidad a las elecciones nicaragüenses. Esto implica una reforma a la Constitución Política, cambiar a los magistrados, asegurar garantías de transparencia en todo el proceso, apertura a todos los actores políticos y sociales, además del remplazo de toda la estructura electoral tomada por los miembros del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Peraza valoró que para hacer todo eso se necesita comenzar el proceso de reforma, a más tardar a mediados de diciembre próximo, para dar los primeros pasos en primera legislatura, según los requerimientos de una reforma constitucional.
“Si de aquí al 15 de diciembre no hay movilidad de parte del Gobierno, significa que ya no van a haber reformas constitucionales. Pero el tema central aquí es la responsabilidad del Gobierno de tender la mano para iniciar el proceso de conversación de cómo se va a resolver este tema”, explicó Peraza.
La puerta de la cadena perpetua
Otro tema que ha levantado expectativas es la apertura de un proceso de reforma parcial a la Constitución Política, para aprobar la aplicación de la cadena perpetua, lo que está siendo visto como una opción para reformar la Ley 331, manifestó Peraza.
Por otra parte, el politólogo valoró que Ortega podría estar esperando que se den los resultados definitivos de las elecciones en Estados Unidos, para tomar una decisión sobre las reformas electorales.
La última vez que el oficialismo habló de la reforma electoral fue en enero pasado. El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que los cambios del sistema electoral “le corresponden a los nicaragüenses”, en momentos que la oposición demandaba el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) en ese proceso, con base en los acuerdos de 2017 entre el régimen orteguista y ese organismo, para el fortalecimiento de la democracia.
Seis días después de esa declaración, el 16 de enero, Porras fue más claro en una entrevista concedida a los medios de comunicación oficialistas, en la que dijo que la reforma a la Ley Electoral (Ley 331) le corresponde a “quienes participan” en las elecciones, sin mencionar a los organismos internacionales.
“Viene una gran discusión siempre: ¿Quiénes participan? El sistema electoral nicaragüense es basado en los partidos políticos. Tenemos un sistema de partidos políticos y está bien establecido constitucionalmente, incluso la Ley Electoral es una ley de rango constitucional, entonces tenemos que trabajarlo con la participación de todos aquellos que van a participar o que están en el juego político”, expresó Porras.
En otra parte de la entrevista, Porras manifestó que los requisitos para formar un partido político están “sujeto a ser revisados”, abriendo un debate sobre la posibilidad de que el régimen tenga la intención de estimular una proliferación de nuevos partidos políticos para dividir el voto opositor.
Siete meses para que se cumpla el plazo de la OEA
A un año de las elecciones, se han acumulado las demandas nacionales e internacionales de reformar la Ley 331 con la participación de todos los actores civiles y políticos.
El Parlamento Europeo advirtió sobre más sanciones a través de una resolución aprobada el pasado 8 de octubre y la OEA estableció un plazo fatal hasta mayo de 2021 para que el régimen reforme el sistema electoral para realizar elecciones libres, justas y transparentes. Si no lo hace, Ortega se arriesga al desconocimiento internacional de los resultados de esas votaciones, que sin verdaderas reformas no se espera que sean diferentes a los procesos fraudulentos de los últimos 13 años que Ortega lleva en el poder.
Oposición pasiva y estática
José Dávila, exdiplomático y miembro de la opositora Alianza Cívica, manifestó que en este momento la oposición se debe detener a reflexionar sobre las acciones que debería estar haciendo para hacer posible el cambio, principalmente aprovechando las presiones de la comunidad internacional.
“Desde la aprobación de la resolución (OEA) la oposición tuvo que haber comenzado a presionar de distintas formas a la dictadura. Yo creo que si queremos una verdadera unidad amplia y efectiva, tenemos que unirnos todos, sin excepción, alrededor de la exigencia de reformas electorales, para que también la comunidad internacional vea que estamos en consonancia con ellos. Si nos ven al unísono con ellos, demostrando que queremos elecciones libres como ellos, eso sería un gran paso para la unidad, pero aún no lo hemos hecho”, expresó Dávila.
Las acciones de represión contra los opositores y la aprobación de leyes de censura, espionaje y más control sobre las personas y organizaciones críticas, refuerzan el mensaje del orteguismo de no estar dispuesto a cambiar, lo que avizora un panorama “muy gris” en 2021, según Dávila.
Félix Maradiaga, opositor y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, reafirmó que el camino para restaurar la democracia frente a una dictadura no está a la vuelta de la esquina, por eso el opositor tiene claro que deben seguir adelante superando la represión y los obstáculos que se presenten.
El opositor manifestó que el orteguismo da la apariencia de fortaleza por la respuesta armada que tiene a su favor, pero estratégicamente el régimen “está reducido, aislado”.
Maradiaga dijo que la fortaleza que tiene la oposición es un pueblo unido, dispuesto a organizarse y decidido a salir de la dictadura a través de la democracia.
El presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, refirió que no pueden perder la esperanza de que la democracia retornará a Nicaragua y recordó que “cuando un pueblo pierde el miedo no hay gobierno, policía ni ejército que lo detenga”.
Claves del proceso de reforma
El politólogo José Antonio Peraza señaló que los elementos claves del proceso de reformas electorales son los negociadores, el ámbito de negociación, el acompañamiento de organismos internacionales en este proceso, el tipo de cambios que se hagan, y hacerlo antes de mayo de acuerdo al plazo de la OEA.
Reformas deben consultarse con todos los sectores
Particularmente señaló que las organizaciones que nacieron en abril de 2018, entre estas la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, deben participar del proceso de consulta para hacer los cambios en la Ley 331. Si el régimen solo negocia con los partidos políticos, sería la primera anulación de ese proceso, según el politólogo.
“Los partidos que están dentro de esas organizaciones no pueden ir a negociar de manera individual, por lo menos así lo vería yo, porque ellos se han comprometido a hacerlo todo en conjunto. Ese es el gran dilema en las negociaciones”, explicó.
Otro elemento indispensable para Peraza es la participación de la OEA o de otro organismo internacional, como garantía de que se harán cambios reales y para asegurar su cumplimiento.
El politólogo manifestó que mientras no haya una reforma electoral, no se puede esperar que se avance en la elaboración del calendario electoral, los llamados a los partidos y otros temas del proceso de votación, lo que advierte un año electoral muy complicado y estrecho de tiempo.