Los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marcos Fletes y Walter Gómez, este miércoles cumplen 110 días de encierro en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, mientras la opositora al régimen de Daniel Ortega, Tamara Dávila, cumple 95 días, pero sus familiares y los parientes de los otros 36 presos políticos detenidos en últimos tres meses desconocen cuándo podrán volver a verlos.
Y es que a finales de agosto e inicios de septiembre, el régimen orteguista permitió que los reos de conciencia pudieran ser vistos por primera vez por sus familiares, luego que estuvieran sin acceso a visitas, algunos durante casi 90 días, luego que no tuvieran la asistencia de un abogado y enfrentaran audiencias y resoluciones judiciales irregulares, según denuncias de los abogados defensores y familiares de los presos.
“No hay nada claro de cuándo hay visita, de cuándo hay audiencia ni de nada porque esa gente (funcionarios) no informa, sino hasta último momento. Solamente nos están dejando llevar los líquidos para los detenidos, pero no hay nada claro de lo que pueda pasar en el futuro inmediato con relación a las audiencias o las visitas. La única visita que han permitido fue el pasado 31 de agosto y fue de media hora, es ahí donde uno se preocupa, de allí no he tenido otra visita y ellos no resuelven nada de eso, simplemente hay que seguir esperando hasta que ellos quieran permitir las visitas”, dijo Pablo Fletes, hermano de Marcos.
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Policía da varias excusas
La mayoría de presos políticos enfrentaron detenciones irregulares; fueron encerrados en las celdas del Chipote, donde permanecieron sin derecho a ser asistidos por un abogado y sin poder ver a sus familiares. Han enfrentado audiencias preliminares secretas con la imposición de un defensor público. Los judiciales les han impuesto prisión preventiva y en audiencias iniciales fueron remitidos a juicio. Los procesos penales están siendo realizados en el Chipote.
“A pesar de tener un mandamiento judicial, es decir, en el acta de audiencia los jueces claramente dejaron estipulado que la Dirección de Auxilio Judicial debe permitir la visita de los familiares, pero no hemos logrado tener ninguna comunicación con ellos luego de la primera visita, a pesar de estar constantemente preguntando. A los familiares de los presos nos dan distintas razones o excusas sobre el porqué no podemos verlos, (unos policías) dicen que no saben nada, otros que no tienen ninguna orden para permitir la visita y a otros familiares les han dicho que están armando un horario de visita o que por medidas de seguridad contra la covid no las permiten, entonces todavía no sabemos cuándo podremos verlos”, dijo un familiar que solicitó el anonimato por temor a represalias.
El abogado Maynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien representa a algunos presos políticos, recordó que “en la audiencia inicial se solicitaron los permisos para las visitas de los familiares, los jueces dieron lugar a la solicitud, pero a la fecha ninguno de los jueces han girado oficio al Chipote para visitas de los abogados y los parientes de los procesados”.
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El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza este miércoles cumple 86 días de estar en el Chipote. Margin Pozo, esposa de Mendoza, demandó la liberación de su esposo: “Exigimos la libertad de Miguel Mendoza, es un cronista deportivo, no un delincuente. Insisto, la libertad de expresión oral o escrita es un derecho constitucional. Su estado de salud y la de otros presos políticos es preocupante. Nuestra fe sigue y seguirá puesta en Dios”. LA PRENSA trató de comunicarse con Pozo, pero no fue posible.
Mendoza es acusado por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y le fue decretada prisión preventiva, según comunicado de la Fiscalía del 31 de agosto.