Las sanciones impuestas a funcionarios nicaragüenses por estar relacionados a violaciones de derechos humanos o casos de corrupción, son un ejemplo del impacto que pueden tener estos mecanismos en la defensa de los derechos fundamentales.
Así lo explicó Chloe Zoeller, coordinadora de programa de la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF), durante el foro organizado por Fundamedios, con el título “Sanciones contra perpetradores: ¿Un mecanismo efectivo para defender DDHH?.
“En cuanto a sanciones directas yo diría que una sanción súper interesante justo hemos visto es en Nicaragua, frente a (Julio César) Avilés, director del ejército. Hemos visto en Nicaragua sanciones directas contra individuos encargados de varias ramas del gobierno. Estas sanciones, aunque no son sanciones contra el estado, destaca que varias ramas del gobierno tienen a personas corruptas adentro de las ramas y que las ramas están trabajando juntos para mantener el estado represor”, explicó Zoeller.
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Remarcó que sanciones como estas “demuestra conexiones y vínculos que existen entre esas ramas del gobierno y que pueden demostrar a la comunidad internacional que el estado es casi paralelo, que no está existiendo de una manera corrupta o justa”.
“Hemos visto varios ejemplos de sanciones directas contra personas por hechos súper concretos, pero también hemos visto sanciones que impactan a varias ramas y eso dice mucho, dice algo profundo sobre el estado de derecho del país en sí mismo”, agregó.
Zoeller hizo énfasis en la necesidad de que la sociedad civil conozca estos mecanismos para que pueda hacer uso de ellos.
El foro virtual donde se habló sobre los mecanismos de rendición de cuentas y sanciones que funcionan como una herramienta alterna, efectiva y legítima para castigar a los perpetradores de violaciones a DDHH tuvo como invitados además de Zoeller a: Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); y Juan Pablo Albán Alencastro, abogado y profesor de Derecho Internacional en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).
Nuevos desafíos requieren nuevos mecanismos
Uzcátegui, de Provea, advirtió luego de ver el caso de Venezuela, de la necesidad de tener nuevos instrumentos y mecanismos que den cuenta los nuevos desafíos que atraviesan los países. “No solamente Nicolás Maduro está teniendo este desvío autoritario, sino varios países de la región, de diferente signo ideológico”, señaló.
Detalló que desde Provea distinguen dos tipos de sanciones: Las individuales, que apoyan como organización por tener un gran impacto para crear espacios de negociación entre el gobierno y la oposición, y sanciones financieras al país que aunque no son la causa de crisis económicas, como la venezolana, la profundizan, sobre todo en contextos como el de la pandemia del Covid-19.
“Recibir sanciones financieras contra el país, le permite al gobierno victimizarse, construir una narrativa épica de resistencia, que además obstaculiza la necesaria fragmentación o división de la coalición dominante, para que se permita una transición a la democracia en Venezuela”, indicó Uzcátegui.
Por su parte Juan Pablo Albán Alencastro, abogado y profesor de Derecho Internacional de la USFQ, expuso que existen responsabilidades individuales de personas que no están relacionadas al gobierno, pero que sin ellas no se darían las violaciones a los derechos humanos.
Como ejemplo puso la participación de actores no estatales en violaciones de derechos humanos, procesos represivos, por ejemplo, de la actuación de gobiernos autoritarios.
“Requieren estos escenarios de actores no estatales que colaboren con la maquinaria estatal y en otras ocasiones estos actores no estatales se convierten en los protagonistas”, señaló Albán Alencastro.