La presidenta chilena, Michelle Bachelet, concluye el año 2014 con una inesperada crisis de gabinete tras la sorpresiva renuncia de la ministra de Salud, Helia Molina, a raíz de unas polémicas declaraciones sobre la práctica del aborto en Chile.
Molina dimitió pocas horas después de que este martes el vespertino La Segunda publicara unas declaraciones en las que la hoy exministra afirmaba: “En todas las clínicas cuicas (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas”.
La titular de Salud criticaba así la postura de los grupos políticos y sociales más conservadores, contrarios a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto.
Y también la hipocresía de “las personas (que) con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos”.
Pero las palabras de Helia Molina tuvieron también consecuencias para el propio Gobierno, que a mediados de este año anunció la elaboración de un proyecto de ley para regular el aborto en los casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida para la madre, una iniciativa que aún no se ha concretado.
Chile es uno de los seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico, pero durante la campaña electoral que la llevó por segunda vez a La Moneda, Michelle Bachelet anunció la reforma de la ley, convencida de que los ciudadanos tienen la suficiente madurez para afrontar un debate sobre este asunto.
El rechazo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo procede principalmente del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente y de la Iglesia, en un país donde el 72 % de la población se declara católica, pero sólo un 14 % se declara observante.
El debate sobre el aborto, al igual que el reconocimiento por ley de las parejas homosexuales, es uno de los exponentes del cambio de valores que vive la sociedad chilena en los últimos años.
Chile fue el último país del hemisferio occidental que aprobó una ley de divorcio, con excepción de la pequeña isla de Malta. Tras diez años de tramitación parlamentaria, en 2005 las parejas que lo deseaban por fin pudieron disolver el vínculo matrimonial sin tener que recurrir a la argucia de la nulidad.
El avance en materia social había tenido otro hito importante poco años antes. En 1998 se promulgó la ley que puso fin a la figura de los “hijos ilegítimos”, nacidos fuera del matrimonio, a los cuales se les negaba derechos civiles y sociales.
En el seno de la Nueva Mayoría se considera que las declaraciones de Helia Molina -realizadas “off the record”, según la exministra- han puesto el dedo en la llaga sobre un problema que requiere urgente solución, dado el elevado número de abortos (entre 18.000 y 100.000 al año, según estimaciones no oficiales).
Sin embargo, la coalición oficialista reprocha a la exministra que hiciera una denuncia generalizada de una práctica que está considerada como un delito y que no aportara datos concretos.
De hecho, a las pocas horas de conocerse la noticia, el propio Ministerio de Salud emitió un comunicado para lamentar lo sucedido y aclarar que las palabras de Molina no representaban al Gobierno.
Posteriormente, un portavoz gubernamental anunciaba la renuncia de la titular de Salud “para evitar generar polémicas artificiales que puedan distraer al Gobierno de la significativa tarea de mejorar la salud de todas y todos”.
De esta forma, por culpa de un “error no forzado”, se consumaba la primera salida de un ministro del segundo mandato de Bachelet.
La mayoría de los analistas coinciden en considerar una gran torpeza política las palabras de la hasta ayer titular de Salud, toda vez que los ministros eran conscientes de que en las actuales circunstancias se debían manejar con extrema prudencia en sus declaraciones públicas.
Y ello porque semanas atrás, el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, se había visto obligado a pedir perdón por atribuir a la derecha los bombazos terroristas de los últimos meses.
Además, las recientes encuestas muestran una fuerte caída de la popularidad de la presidenta, que actualmente ronda el 38 % de aprobación.
Las polémicas declaraciones de la ministra de Salud también han tenido el indeseado efecto de empañar los reciente anuncios gubernamentales de la reforma laboral y la elección directa de los gobernadores regionales.
Y además han acelerado los planes de un ajuste ministerial que antes de la renuncia de Helia Molina, muchos analistas consideraban necesario para impulsar la agenda política y dar nuevos bríos a un Gobierno afectado por la desaceleración económica y algunas tensiones internas.