El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + presentó el segundo informe de su Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, el cual está fundamentado en documentos periodísticos, documentación de organizaciones internacionales y testimonios que ha recopilado el colectivo.
En el comunicado que acompaña el informe, el colectivo señala que este fue realizado con la finalidad de “documentar y sistematizar las diferentes prácticas de tortura y violaciones a derechos humanos relacionadas con esta, a fin de contribuir a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”, se lee en el comunicado.
Son 9 testimonios de víctimas de tortura por parte de agentes estatales y paraestatales que el colectivo recopiló entre julio y septiembre de 2020, siendo cinco casos de personas presas políticas (que fueron liberadas y recapturadas), tres de las cuales aún están en prisión, así como otros dos testimonios de torturas y agresiones entre el 2018 y 2019. De estos primeros siete casos, seis de las víctimas son hombres y una mujer, y dos casos de tortura y tratos crueles e inhumanos cuando se les impidió el paso a los nicaragüenses por la frontera sur de Peñas Blancas.
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Violencia física, psicológica y sexual han sido usadas como métodos de intimidación
Actos de tortura como violencia física, violencia psicológica, abuso sexual y tratos crueles han sido usados con ciudadanos como castigo por su posición política, así como previo a ser capturados y golpeados han sido víctimas de asedio y amenazas.
“La violencia física ha sido una de las principales herramientas de torturas usadas por agentes estatales y paraestatales en Nicaragua, las cuales están encaminadas a causar un castigo severo por su participación política”, se lee en el informe.
Además, han relatado que en el momento de su detención fueron agredidos violentamente, sufriendo fracturas, heridas y sangrados internos, los actos de agresión continúan una vez que se encuentran en los sistemas penitenciarios del país, incluso hay algunos que han sido agredidos por presos comunes.
“La guardia me dejó solo y la misma guardia de La Modelo soltaban delincuentes comunes para que me fueran a hacer daño, uno de ellos me iba a sacar los ojos (con un punzón), me querían tirar aceite caliente, agua caliente”, se lee en el testimonio del preso político de iniciales B.K.A.
En el caso de B.K.A, al momento de su detención arbitraria su familia también fue víctima de agresiones, ese día allanaron su casa, agredieron a dos menores de edad de 5 y 9 años, golpearon a una persona con síndrome de Down y hubo tentativa de violación sexual en contra de una joven de 20 años.
Otro método de tortura que se menciona en dicho informe es la desnudez forzada, este es sin duda uno de los que deja más impactos en la salud mental de las víctimas pues “representa la deshumanización del modo de operar en los centros de detención”, refiere el informe.
Al ser trasladado al Chipote, “en las celdas preventivas nos quitan la ropa y nos dejan desnudos…”, se lee en el testimonio de G.A.S.O., una víctima más de la represión.
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“En definitiva, el Estado debe erradicar esta práctica y limitarse a realizar requisas que sean absolutamente necesarias para la revisión y control de las personas detenidas relacionadas con las medidas de seguridad de los centros de detención, la cual en ningún caso debe excederse puesto que constituye una violación al derecho a la libertad sexual, a la integridad personal, y a la honra y dignidad de las personas, derechos reconocidos constitucionalmente y por tratados internaciones que Nicaragua está obligado a cumplir”, señala el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + a través del informe .
Asimismo, se refieren al uso de la tortura psicológica “como mecanismo de destrucción de la autonomía y voluntad de la persona víctima, como una forma de crear en ella dolor y sufrimiento intangible, cuyos efectos son duraderos en el tiempo y disminuyen significativamente el proyecto de vida de una persona”, se lee en el informe.
Agresión física y sexual por ser opositora
El único testimonio de un víctima mujer, ha sido uno de los más impactantes de este informe, pues la violencia y agresiones fueron por parte de su cónyuge, un simpatizante del Gobierno que además participó como paramilitar en la operación limpieza.
La víctima de iniciales H.D.S.L., en 2018 se unió a las protestas de forma anónima y a escondidas de su pareja de iniciales R.R., quien al darse cuenta de su participación, inició junto a paramilitares y amparado por autoridades municipales, amenazas de cárcel y muerte en contra de la víctima, obligándola a cocinar para paramilitares y policías, y sometiéndola constantemente a golpes y a ser violada sexualmente por él.
Además, después de tantas amenazas llegó a atentar contra su vida, “el 17 de enero de 2019 R.R. llegó a la casa con el entonces asesor legal de la Alcaldía de Diriamba, Luis Montenegro, con Juan Carlos Narváez ‘el Colocho’ y otra persona. Ese día le dijeron que la matarían, la llevaron dentro de la casa e hicieron disparos frente a ella y a su hija menor de edad, dentro de la casa. La denunciante con ayuda de algunas personas logró huir”, se lee en el testimonio.
Violación a derechos humanos en movilización de nicaragüenses en medio de la pandemia
Otro punto del informe se refiere a la violación de derechos humanos en medio de la pandemia, cientos de nicaragüenses fueron sometidos a sufrimiento físico y psicológico al negárseles el ingreso al país cuando no podían sobrevivir en los países vecinos por los impactos del Covid-19.
Esta situación provocada por el Estado constituye por sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, el cual puede ser considerado como tortura en dependencia de la afectación de la víctima; tal fue el caso de una persona que dio su testimonio al colectivo bajo reserva absoluta de identidad, esta persona expresó: “Sentía que me estaban matando lentamente como una tortura, porque nos tenían a un nivel que ni los animales… decidí no comer para no ir a ese baño”, dice la víctima en el informe refiriéndose a la existencia de un único baño disponible para los más de 500 nicaragüenses.
Muchos fueron amenazados por las autoridades nicaragüenses al brindar declaraciones a medios de comunicación y organismos defensores de derechos humanos.
“El miércoles 23 de julio las personas presentes se comienzan a organizar, tanto para recibir las donaciones como para realizar protestas, evitando el paso de camiones de Costa Rica a Nicaragua y viceversa; debido a ello, las personas que tuvieron un perfil más alto fueron amenazadas por agentes policiales, obligándoles a regresar a Costa Rica a solicitar refugio”, refiere el informe.
En total han documentado 73 casos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes a raíz de las protestas de 2018: 12 son mujeres y 61 son hombres de Managua, Masaya, León, Juigalpa y Matagalpa.