El 2020 estuvo marcado por al menos diez acontecimientos que dejaron huella en la vida nacional y, en algunos casos, trascendieron en el plano internacional, siendo el impacto de dos huracanes en menos de 15 días y la respuesta negligente del régimen de Daniel Ortega para atender la pandemia del Covid-19, las que mayor atención acapararon.
Muchos de estos hechos trascenderán en el 2021.
1. Liberan a miles de reos comunes y a pocos presos políticos
Durante todo el año, el régimen de Daniel Ortega liberó a miles de reos comunes bajo una figura denominada “convivencia familiar”, cuyos mecanismos de aplicación se desconocen y que expertos en seguridad señalaron como la causa directa del aumento en los índices de violencia e inseguridad que dispararon la criminalidad en todo el país. Mientras que de los más de 100 presos políticos que se mantienen en las mazmorras de la dictadura, al menos 13 fueron excarcelados en todo el año.
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En la víspera del Día del Amor y la Amistad, el 13 de febrero, el régimen liberó a los primeros mil reos comunes, de estos, solo ocho eran presos políticos. Tres meses después, el 13 de mayo, otros 2,815 reos comunes fueron “beneficiados” con esta medida, sin embargo ningún reo político fue liberado en esa ocasión.
No obstante, fue el 25 de agosto que la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, informó que “en los últimos meses” se había liberado a un total de 22,567 reos comunes, argumentando que estas liberaciones se dieron «para promover la unidad familiar».
Fue el 12 de septiembre del mismo año que el régimen sacó de los penales del país a otros 800 reos comunes, siempre bajo la misma figura de “convivencia familiar”. La última liberación fue el 18 de diciembre, cuando sacó de las cárceles a 1,004 reos, de los cuales solo cinco eran presos políticos.
2. Pandemia del Covid-19
Fue en marzo de este año que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) decretó al Covid-19 como pandemia. Y aunque en Nicaragua ya se veían indicios del virus en los hospitales del país, fue hasta el 18 de ese mismo mes que el régimen orteguista admitió el primer caso. Ocho días después, el Gobierno anuncia el primer fallecido por el Covid-19.
No obstante, pese a la gravedad de la pandemia, la dictadura orteguista desatendió las medidas de protección y prevención del virus orientadas por organismos sanitarios internacionales: cierre de fronteras, cuarentena obligatoria y cierre de espacios públicos. Por el contrario, el régimen promovió caminatas, marchas y actividades masivas en varios departamentos del país, exponiendo a la población al contagio del virus.
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Pese a la donación de pruebas para detectar el virus y seguir el comportamiento del mismo, el Gobierno centralizó su uso y más bien impuso un cobro de 150 dólares a quienes deseen aplicársela. Además, la poca importancia que le dio el régimen a la pandemia se evidenció en el colapso de los hospitales públicos, el despido de médicos que criticaron el manejo de la crisis sanitaria, la autocuarentena de la población, así como la disparidad en las cifras del Minsa que, hasta la fecha contabiliza solo 6,046 casos y 164 muertes por la pandemia. Mientras que organismos médicos independientes como el Comité Científico Multidisciplinario, Unidad Médica Nicaragüense y el Observatorio Covid-19 registran una cifra mayor: 11,780 contagios y 2,851 muertes.
3. Sanciones al jefe del Ejército y otro hijo de Ortega
Desde el 5 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos continuó castigando a los funcionarios que representan el círculo de poder de Daniel Ortega o que están ligados al régimen. En todo el año fueron sancionadas 12 personas ligadas al orteguismo; dos entidades estatales y dos empresas manejadas por uno de los hijos de Ortega.
Los primeros sancionados del año se dieron el 5 de marzo y fueron tres mandos policiales y la misma Policía: Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); Luis Alberto Pérez Olivas, encargado de controlar la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, y Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
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Un mes después, el 22 de mayo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés y el ministro de Hacienda, Iván Acosta, fueron castigados por Estados Unidos. Al primero por brindar apoyo a policías y parapolicías que reprimieron a manifestantes desde 2018, y al segundo por utilizar las finanzas de la dictadura para priorizar la represión.
El 17 de julio le tocó el turno de las sanciones al hijo de la pareja dictatorial, Juan Carlos Ortega, José Jorge Mojica Mejía, y las empresas Difuso Comunicaciones SA y Mundo Digital SA, por ser utilizadas “para acallar a voces independientes, difundir la propaganda del régimen y defender la violencia y la represión perpetradas por Ortega”.
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Otros sancionados fueron el secretario de Políticas Públicas de la dictadura, Paul Oquist Kelley; la fiscal orteguista, Ana Julia Guido y la a Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna), el pasado 9 de octubre.
Los últimos sancionados del año fueron el comisionado de la Policía en León, Fidel de Jesús Domínguez, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Ramiro Aguilar.
4. Impunidad para opositor asesinado por gritar “Viva Nicaragua libre”
La noche del 19 de julio, cuando se celebraba el aniversario de la Revolución Sandinista, el opositor Jorge Luis Rugama Rizo, de 44 años, fue asesinado de un disparo en el cuello, en Estelí, por Abner Pineda, un extrabajador de la Alcaldía de ese departamento y simpatizante orteguista, cuando la víctima le gritó “Viva Nicaragua libre”.
Posterior a cometer el crimen, Pineda se dirigió a la Policía de Estelí para entregarse. Pero fue dos días después, el 21 de julio, que la Policía presentó al autor del crimen.
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Durante todo el proceso judicial contra Pineda, que inició el 3 de agosto, la defensa del acusado pidió en cuatro ocasiones reprogramar el juicio, lo que a criterio del abogado acusador y defensa de la víctima, Eber Acevedo, de la CPDH, fueron “tácticas dilatorias”.
Finalmente el 9 de noviembre, el tirador orteguista Abner Pineda fue declarado culpable por el delito de “homicidio imprudente”, con una pena de un año de cárcel. Pero fue diez días después, el 19 de noviembre, que el tirador orteguista fue puesto en libertad por suspensión de pena por parte del juez Erick Laguna, reconocido por establecer solamente tres años de prisión para los responsables de la masacre de El Carrizo, en Madriz, donde una familia entera fue masacrada a tiros en 2011.
5. Atentado en la Catedral de Managua
El viernes 31 de julio fue un día gris para la Iglesia católica de Nicaragua, que vivió lo que sería el ataque más fuerte desde las protestas de abril de 2018. Ese día, un hombre encapuchado de identidad desconocida, según relatos de testigos, lanzó una bomba molotov dentro de la capilla de la Catedral de Managua, que ocasionó un incendio que dejó completamente quemada la venerada e histórica imagen de la Sangre de Cristo, que llegó a Nicaragua hace 382 años.
Pese a que el cardenal Leopoldo Brenes calificó el hecho como un “atentado” que fue “planificado con mucha calma”, las supuestas investigaciones de la Policía, de tan solo tres días, concluyeron que se trató de un incendio provocado por la acumulación de vapores de alcohol dentro del templo que se mezclaron con el aire caliente, descartando que se haya producido de forma intencional, como lo denunciaron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
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Por su parte Rosario Murillo, vocera, vicepresidenta designada y esposa del dictador Daniel Ortega, previo a las conclusiones de la Policía, dejó entrever que el incendio en Catedral se dio por “las veladoras que encienden los feligreses que buscamos siempre cómo pagar promesas a nuestros santos, en este caso, a nuestra Sagrada Sangre de Cristo”.
Aunque la Arquidiócesis de Managua posteriormente inició una colecta para recaudar fondos para la reconstrucción del templo, hasta el momento no ha informado sobre el monto que ha sido recaudado y si la imagen será restaurada o no.
6. Salida de José Adán Aguerri del Cosep
Después de 13 años de permanecer aferrado a la presidencia de la principal cámara empresarial, el Cosep, el empresario José Adán Aguerri anunció, el 7 de septiembre, que no se postularía para reelegirse como presidente de dicho gremio empresarial.
El anuncio de Aguerri, a través de una carta, supuso el fin a más de una década en que el empresario dirigió el rumbo de la empresa privada en el país, salpicada de muchas críticas por el modelo de alianza y consenso que este estableció con el régimen de Daniel Ortega.
Un día después, el 8 de septiembre, con una mayoría de 14 votos, el empresario Michael Healy fue elegido como el nuevo presidente del Cosep. La segunda vicepresidencia fue ocupada por Leslie Martínez, actual presidenta de la Cámara de la Construcción y el tercer vicepresidente de Cosep, Scott Voughn.
7. Plazo de la OEA para reformas electorales
A través de una reunión virtual, debido a la pandemia del Covid-19, se realizó el 21 de octubre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para votar sobre una resolución que exija al régimen orteguista la realización de reformas electorales para los comicios de 2021.
En esa ocasión, 20 de los 34 Estados miembros votaron a favor para aprobar la resolución denominada Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, mediante elecciones libres y justas, con la que la OEA puso un plazo hasta mayo de 2021, para que Ortega reforme el Sistema Electoral.
8. El combo de leyes represivas del orteguismo
La primera es la Ley de Agentes Extranjeros, que fue aprobada el pasado 15 de octubre por los 70 diputados sandinistas y publicada en La Gaceta cuatro días después. Con esta ley la dictadura establece un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones sociales y opositoras que reciban recursos de gobiernos y agencias extranjeras.
Doce días después, la bancada sandinista aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, con la que el régimen tendrá vía libre para encarcelar, por hasta 10 años, a cualquier ciudadano o medio de comunicación que publique información que el régimen quiere mantener oculta.
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El 10 de noviembre, la primera legislatura para establecer la pena de cadena perpetua en Nicaragua fue aprobada por el orteguismo. Según analistas políticos y juristas, con esta ley el régimen abre la puerta a encarcelar de por vida a cualquier opositor que realice cualquier actividad que el régimen catalogue como “crimen de odio”.
Un mes después, el 10 de diciembre, la dictadura aprobó la Ley de Rótulos, que impone tarifas para los ciudadanos u organizaciones que decidan usar rótulos, vallas, mantas y todo tipo de publicidad colocadas tanto en la vía pública como en zonas privadas y que tiene un sentido de control de la publicidad que puede perjudicar a futuros contendientes electorales de Ortega.
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Y finalmente, este 21 de diciembre, el régimen aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como “Ley de Inhibiciones”, pues con esta legislación la dictadura impide a opositores ser candidatos en las elecciones del 2021, bajo la acusación de ser «golpistas» y por promover sanciones.
9. Los estragos de los huracanes Eta e Iota
El 3 de noviembre, un poderoso huracán Eta de categoría 4 impacta el municipio caribeño de Bilwi, en la Costa Caribe Norte del país, cuyo desplazamiento, días posteriores, provocó serios daños en el país como consecuencia de los vientos y las lluvias que dejó a su paso.
Según el régimen orteguista, al menos dos millones de personas estuvieron expuestas al ciclón, mientras que los daños ascendieron los 6,128.4 millones de córdobas, además de más de 71,145 personas evacuadas, de las cuales 47,297 fueron albergadas en 325 refugios, en las zonas de la Costa Caribe Norte, el Triángulo Minero, Nueva Segovia, Jinotega y Chinandega.
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Dos semanas después, el país fue sacudido por otro poderoso ciclón llamado Iota, que con categoría 5 tocó suelo nicaragüense el lunes 16 de noviembre en las zonas costeras de Bilwi.
Según la dictadura, Iota incrementó las pérdidas provocadas por Eta en 742 millones de dólares y que al menos tres millones de personas estuvieron expuestas, principalmente en las zonas de la Costa Caribe Norte, el Triángulo Minero, Nueva Segovia, Jinotega y Chinandega.
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Iota además provocó daños totales en 5,800 viviendas y más de 38 mil hogares con daños parciales y en 21 muertes, según registros oficiales, que no incluyen dos mujeres que murieron soterradas en el deslave del cerro El Macizo, en Peñas Blancas.
10. 21 muertos en accidente de tránsito en Waslala
La comunidad de Ocote Tuma, ubicada en Waslala, Matagalpa, fue el escenario del peor accidente de tránsito ocurrido en 2020. La tarde del lunes 23 de noviembre, un camión que funcionaba como transporte intermunicipal cayó a un abismo cuando los frenos no respondieron, provocando la muerte de 21 personas y más de 20 heridos.
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El camión que se cayó al abismo tenía placas MT 446 y era propiedad de Alex Molina Argüello, mientras que su conductor se entregó a la Policía de ese municipio, según indicó el alcalde de Waslala, Germán Vargas.
Tras más de un mes de ocurrido el trágico accidente de tránsito, ninguna autoridad encargada de regular el transporte colectivo se ha pronunciado sobre dicho accidente.