La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe que resume la situación de los derechos fundamentales en Nicaragua y la labor que ha venido realizando respecto a la denuncia de violaciones a estos derechos y la restitución de los mismos.
En la línea de tiempo de las actividades realizadas de noviembre a diciembre de 2020, destacan que el 24 de diciembre la CIDH denunció el incremento en las últimas semanas de los actos de hostigamiento contra opositores y defensores de derechos humanos, así como la continuación de detenciones arbitrarias.
La CIDH hizo un llamado al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de 41 presos políticos en siete centros penales, quienes se encuentran en riesgo por las condiciones de detención y falta de atención médica.
El 23 de diciembre, destaca la colocación de carteles en los medios 100% Noticias, Confidencial y las organizaciones no gubernamentales Cenidh y Popol Na, lo que considera formaliza la confiscación realizada en 2018.
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En noviembre, el informe menciona que la CIDH tomó conocimiento por medio del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la denuncia sobre el asesinato de Nacilio Macario, miembro de la comunidad mayangna de Musawas, en el territorio indígena Sauni As, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
Brevemente el boletín indica que el Meseni emitió 91 comunicados de prensa, la CIDH tomó 1,701 testimonios, capacitaron a 802 personas y se otorgaron 89 medidas cautelares hasta diciembre de 2020.
Informe sobre privados de libertad
El boletín resalta el informe, publicado el 2 de diciembre de 2020, “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”. Además, anunció el lanzamiento de un sitio multimedia con los principales hallazgos y las recomendaciones formuladas al Estado de Nicaragua.
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El informe de la CIDH se construye principalmente desde las voces de las víctimas, quienes denunciaron la grave situación que vivieron, la dinámica de las detenciones, la realidad de su privación de libertad, la ausencia de respuestas de la justicia nacional y las consecuencias en sus vidas personal y familiar.
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