Mediante una nota de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los actos de “demolición y alteración” de los bienes confiscados arbitrariamente por el Estado de Nicaragua, a las organizaciones no gubernamentales más representativas del país. “La CIDH urge que las autoridades restablezcan las garantías democráticas y las condiciones para la defensa de derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad de asociación, expresión y el derecho a la protesta social”, inicia el comunicado.
“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar el hostigamiento de defensoras y defensores de derechos humanos e insta a garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores de promoción y defensa, así como a ejercer sus derechos. Asimismo, teniendo en cuenta que estas medidas represivas se enmarcan como parte de una crisis de derechos humanos general que persiste en Nicaragua desde abril de 2018, en la que se ha alterado el orden constitucional y democrático del país, la Comisión reitera su llamado al restablecimiento de las garantías democráticas y mantiene su disposición de colaboración con el Estado de Nicaragua en esa dirección”, se lee en el comunicado.
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El comunicado se suma a otros como el del 30 de enero 2021, en el que la CIDH condenó la demolición de las instalaciones confiscadas al Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (Cenidh) en Managua, así como la utilización de sus oficinas en su sede de Juigalpa, Chontales. Meses antes, en octubre 2020 ya habían denunciado la “ocupación de hecho” de algunos de los predios de la Fundación del Río, y en diciembre del mismo año, la CIDH denunció la instalación de letreros oficialistas en varias de las instalaciones requisadas, los cuales anunciaron su adjudicación como propiedad del Estado.
En este recorrido de fechas claves la CIDH recuerda que estos hechos ocurren a partir de la cancelación de la personería jurídica decretada por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2018, a nueve organizaciones no gubernamentales locales dedicadas a la defensa de derechos humanos, incluyendo CENIDH y la Fundación el Río.
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“Desde entonces, las sedes de las organizaciones fueron allanadas y ocupadas por agentes del Estado, y aunque las organizaciones afectadas interpusieron recursos judiciales contra estos hechos, a la fecha, estos continúan sin ser resueltos. Las medidas, tanto jurídico administrativas de cancelación de la personalidad jurídica por medio de procesos ilegales y arbitrarios, así como la ocupación de hecho, destrucción o alteración de las instalaciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos constituye una de las restricciones más severas de la libertad de asociación. Además, estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, detalla el comunicado.