La situación de los presos políticos de violaciones de otros derechos humanos en Nicaragua fue analizada y catalogada como “inaceptable”, durante la difusión del informe temático: Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH y relatora de la comisión para Nicaragua, detalló que el informe fue elaborado con el objetivo de profundizar de una manera sistemática, analítica y fundamentada los patrones de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas desde abril 2018.
“Se constatan patrones de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad en Nicaragua, en el proceso de detención durante la privación de libertad y también después de la excarcelación”, indicó Urrejola.
Agregó que en el documento se concluye que “la privación de libertad ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor, para mantener control sobre la población nicaragüense”.
Otro de los hallazgos es que las personas privadas de libertad han sido usadas como objetos de intercambio, buscando causar angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición de la sociedad civil.
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Poder judicial como instrumento de represión
Francois Jubinville, consejero representante interino de Canadá ante la Organización de Estados Americano, consideró que la situación de violaciones a derechos humanos en Nicaragua es inaceptable.
“Desde los inicios de las protestas la Comisión Interamericana ha denunciado la influencia de otras ramas del Gobierno sobre el sistema de justicia, así como la ausencia de las garantías mínimas procesales y de acceso a una pronta justicia. Estas condiciones han contribuido a la instrumentalización del poder judicial para perseguir y criminalizar ciudadanos”, afirmó Jubinville
Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), coindice en que “el poder judicial es utilizado para condenar a personas por razones políticas, por expresar lo que creen en contra del Gobierno”.
Agregó que tienen registrado el uso de métodos de tortura para sacar información a los presos políticos. “Tenemos 220 denuncias documentadas de lo que sería la tortura. Dictámenes médicos forenses realizados a las víctimas”, dijo.
Acuerdos incumplidos
Por su parte, Carlos Fernando Chamorro, periodista y director de Confidencial, remarcó que en Nicaragua los presos políticos están vinculados con la libertad de reunión, de manifestación, libertades de prensa y de expresión, y al derecho a la protesta cívica que en Nicaragua han sido eliminados por las vías de hecho, de facto.
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Recordó que hace dos años el Gobierno de Nicaragua suscribió acuerdo con la Alianza Cívica, en el que se comprometió a liberar de forma definitiva a todos los privados de libertad y un segundo acuerdo para restablecer las libertades democráticas.
“Ninguno de estos dos acuerdos se cumplió. La excarcelación de los presos fue parcial, nunca fueron liberados todos los presos políticos ni restituidos todos sus derechos políticos. Fueron excarcelados algunos por una Ley de amnistía y dos años después hay más de 125 presos políticos, ahora acusados por delitos comunes, principalmente tráfico de armas y tráfico de drogas”, detalló Chamorro.
Añadió que el segundo acuerdo tampoco se ha cumplido y el Gobierno ha reforzado el estado policial que se ejerce a través del estado de sitio policial y se fortaleció con cuatro leyes que apuntan a legalizar la represión y eliminar las posibilidades de competencias políticas en las próximas elecciones.
“Lo que el país está demandando es la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades democráticas y una verdadera reforma electoral, como demandó la Organización de Estados Americanos el 20 de octubre del año pasado”, agregó Chamorro.
Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y Allan Gómez Castillo, miembro del Consejo Directivo de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, presentaron datos de las violaciones de derechos humanos de personas privadas de libertad en el contexto de la protesta y de acuerdo con Urrejola, coinciden con lo presentado en el informe de la CIDH.
El cierre de las reflexiones fue realizado por Stuardo Ralón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH, quien destacó que el informe permite “identificar el designio de las autoridades por ocultar lo que ocurre, así como perpetuar en cierta medida impunidad”.
“El número de víctimas por lo menos 1,614 personas, así como sus familias, documentadas en el informe que reflexionamos, confirma la prioridad que estos asuntos tienen en los futuros pasos que dará la sociedad nicaragüense en el proceso de democratización que esperamos ocurra pronto”, afirmó Ralón.