Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hiciera tres solicitudes para la liberación de las personas privadas de libertad de manera arbitraria y es Estado de Nicaragua se negará a dar una respuesta esta situación, Nicaragua fue declarada en desacato en ya que, desobedeció al orden jurisdiccional y se entiende como una amenaza a la autoridad que que representa la Corte IDH de conformidad a la Convención Americana de Derechos Humanos, como afirmó el abogado Juan Diego Barberena.
“La figura del desacato implica que se haga una garantía colectiva del cumplimiento de la Convención Interamericana de derechos humanos en virtud del cual la máxima la autoridad del Sistema Interamericano, la Asamblea a General, obligue al Estado al cumplimiento de las resoluciones”, comentó el abogado
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El 22 de noviembre, la Corte IDH emitió una resolución exigiendo la liberación inmediata de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera y Támara Dávila. Además de ampliar las medidas cautelares de Lesther Aléman, Freddy Navas, Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Lourdes Arróilga, Pedro Salvador Vásquez, Arturo Cruz, Luis Rivas Anduray; Miguel Mora Barberena; Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Jorge Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, y José Pallais Arana y sus núcleos familiares. Así mismo declaró
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El Estado a las diversas resoluciones no ha expuesto argumentos que sustente su decisión de mantener en prisión a líderes opositores, como afirma Barberena. “El Estado en cada una de las comunicaciones no ha expuesto argumentos y alegatos formales o materiales relacionado a las solicitudes de la corte, de las y los solicitante: Sino, todo lo contrario. Ha vertido argumentos de derecho interno que son argumentos no alegables de conformidad el convenio de la Convención de Viena en cuanto a Derecho de Tratado que los Estados deben abstenerse a alegar elementos de derecho interno”. Finalizó explicando que se ha argumentado de manera relativa al intervencionismo de los Estados Unidos y en ese sentido, la instrumentalización de la Corte IDH.