Las líderes opositoras, Cristiana Chamorro cumple 190 días detenida bajo arresto domiciliario y Tamara Dávila cumple 180 días detenida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el Nuevo Chipote. Ambas fueron de las primeras mujeres en ser detenidas de manera arbitraria en los últimos meses, a través de la instrumentalización de los órganos judiciales como el Ministerio Público y la Fiscalía al crear procesos de investigación meses antes de que se celebraran las elecciones presidenciales en el país.
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La precandidata presidencial y directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Cristiana Chamorro fue puesta bajo casa por cárcel el 2 de junio luego de que agentes de la Policía Nacional (PN) allanaran su casa. Fue citada a la Fiscalía y al Ministerio de Gobernación antes de ser detenida bajo la acusación de lavado de dinero bienes ya activos, falsedad ideológica y gestión abusiva. La acusación fue ampliada a los extrabajadores de la FVBCH, Marcos Fletes y Walter Gómez, su conductor Pedro Vásquez Cortedano, y a su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
La miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Tamara Dávila fue detenida de manera arbitraria el 12 de junio por agentes PN, que irrumpieron de manera violenta la casa de la opositora en presencia de la hija menor de edad. Su captura se vio caracterizada por la violencia de los agentes policiales y por la ocupación de algunos familiares que estaban de visita. Fue detenida por estar siendo investigada de conformidad con el Art.1 de la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, Ley 1055 conocida como Ley Guillotina. Posteriormente fue acusada por el supuesto delito de “Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
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Gozan de medidas cautelares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la ampliación de medidas cautelares y la inmediata liberación de ambas opositoras. En el caso de la activista feminista Tamara Dávila debido a que se encuentra en una “situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua”. A Chamorro porque, según menciono la CIDH en un comunicado de Prensa porque “a raíz de la posible candidatura de Cristiana María Chamorro Barrios a la presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas, incluso encontrándose privados de libertad”.