El proceso electoral del pasado domingo 7 de noviembre del presente año, se caracterizó por el asedio, la intimidación y las obstrucciones a la labor periodística, afirma el informe mensual de seguimiento a la Libertad de Prensa del mes de noviembre. Como explica el informe, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo con todas las instituciones instrumentalizadas logró evitar la cobertura de la prensa independiente de todo el proceso electoral.
En total se documentaron 128 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 99 fueron perpetrados contra medios de comunicación (77.3 %) y 29 contra personas naturales (22.7 %).
“Al menos 5 equipos periodísticos internacionales denunciaron la negativa de las autoridades de migración del país para que ingresaran a cubrir las votaciones. En tanto los periodistas independientes nacionales fueron excluidos de la acreditación que brinda el Consejo Supremo Electoral (CSE), y durante las votaciones en la mayoría de los casos se les negó el acceso a los Centros de Votación, en otros casos los periodistas fueron expulsados de las diferentes instancias del Poder Electoral y además imposibilitados de realizar consultas a los funcionarios electorales, en todos los niveles (municipal, departamental y nacional)” destacó el informe. Además de expresar que grupos periodísticos del Diario LA PRENSA, Divergentes, Artículo 66 y Nicaragua Investiga fueron víctimas de asedio por parte de grupos parapoliciales.
El informe señala que la labor periodística en Nicaragua se ejerce en condiciones “más adversas y ambientes más hostiles”. En el pasado mes de noviembre 5 comunicadores fueron víctimas de la represión por parte del régimen Ortega Murillo, destacando que las agresiones a mujeres periodistas aumentó en un diez por ciento lo que “representa una tendencia altamente preocupante”.
Aumento de preocupación por Ley de Ciberdelitos
En el mes de noviembre, la Fiscalía de Nicaragua acusó al menos a 6 opositores basándose en el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. “Uno de los acusados por incumplimiento a la mencionada ley, es un campesino originario de Pueblo Nuevo en el departamento de Estelí, sus familiares aseguran que no tiene acceso a internet, sin embargo el proceso judicial sigue su curso”, menciona el informe.
Esta ley fue aprobada el 27 de octubre del año 2020 – y como menciona el informe- fue un intento por parte del gobierno Ortega Murillo por tratar de silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes en el país.
“Más de 100 días de confiscación y allanamiento”
“Hasta el 30 de noviembre se cumplieron 110 días en que las instalaciones del diario La Prensa de forma arbitraria y sin ninguna orden judicial fueron allanadas; además se cumplieron 109 días de encarcelamiento de nuestro Gerente General Juan Lorenzo Holmann”, menciona el informe.
Además, se contabilizan más de 100 días de confiscación ilegal por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), al papel y los insumos requerido para la impresión del Diario LA PRENSA en físico.
