En condiciones violatorias a las Normas Mínimas para el trato de los Reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Normas Nelson Mandela, se encuentra Cristiana Chamorro, precandidata presidencial independiente. Fue la tercera persona privada de su libertad de una ola de detenciones que ya suma más de 45 personas entre periodistas, trabajadores, empresarios, estudiantes, campesinos, diplomáticos, estudiantes, líderes opositores y defensores de derechos humanos, entre otros.
Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario el dos de junio, luego de que la policía allanara su casa y sustrajera todos dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Antes de la privación de libertad de Chamorro fueron detenidos Walter Gómez y Marcos Fletes, trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Los delitos por los que se acusa a la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son: Lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y falsedad ideológica.
Junto a Chamorro hay otros seis candidatos presidenciales detenidos y por el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro están privados de su libertad además de ella, Gómez y Fletes, el conductor privado de Chamorro, Pedro Vásquez y su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
Abogados han denunciado que la acusación a Chamorro se dio antes de los 90 días, período de investigación ampliado por reforma a la Ley.
Un abogado penal, quien pidió no ser citado por temor a represalias, explicó a LA PRENSA que la acusación formal en contra de Cristiana Chamorro y los demás se dio antes de los 90 días y es legal debido a que la Ley de reforma al Código Procesal Penal establece que el plazo máximo a presentar la acusación es de 90 días.
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Chamorro se encuentra incomunicada y toma el sol en un balcón porque no puede moverse fuera de su casa. Estas medidas son consideradas violatorias a las Normas Nelson Mandela, según han denunciado defensores de derechos humanos.