Este 10 de enero el mandatario Daniel Ortega toma posesión para un nuevo período como presidente de Nicaragua, cargo que esta ocupando de manera consecutiva desde 2007. Una de las críticas más grande a la administración de Ortega y su esposa Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta es el manejo de los presos políticos. Diez de ellos capturados antes del 2018, más de 45 en 2021 y en total más de 170 según el mecanismo de seguimiento de encarcelados.
LA PRENSA realizó los perfiles de 118 presos políticos hasta diciembre de 2020, la mayoría de ellos acusados por delitos comunes y condenados.
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A partir de mayo 2021 la prensa ha dado seguimiento a la más reciente ola de detenciones realizadas por el gobierno de Ortega y Murillo, acusados por leyes recientemente aprobadas por el régimen y otros delitos como lavado de dinero.
Las detenciones y procesos se han caracterizado por ser arbitrarios tanto en los casos del 2021 como en los anteriores. Abogados y defensores de derechos humanos han denunciado que las capturas y allanamientos se han realizado sin orden judicial y en las acusaciones figuran como testigos oficiales de policía que participaron en la captura o allanamiento, lo que ha llevado a los juristas a cuestionarse «qué pruebas tenían antes de la captura».
Hoy Ortega toma posesión para un nuevo período mientras los detenidos en mayo de 2021 cumplen 227 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocidas como el nuevo Chipote y los capturados mas recientemente: Samantha Jirón llega a sus 63 días privada de su libertad y Edargar Parrales, el prisionero quizá de mayor edad cumple 49 días preso.
Organismos e investigadores privados han denunciado casos de tortura entre los detenidos tras las protestas del 2018 y los presos políticos capturados antes de ese año.
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