Walter Gómez y Marcos Fletes cumplen este domingo 240 días de encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote. Fueron los primeros detenidos en la ola de represión contra los opositores que inició el régimen de Daniel Ortega, a finales de mayo de 2021.
Gómez y Fletes son extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuya exdirectora ejecutiva, Cristiana Chamorro, también se encuentra detenida bajo el régimen de casa por cárcel, desde el mes de junio de 2021, hoy cumple 235 días encerrada. Chamorro fue una de los siete aspirantes presidenciales para las elecciones de noviembre pasado, encarcelados por Ortega y es acusada por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, y apropiación y retención indebida.
Ambos extrabajadores fueron capturados el 28 de mayo de 2021 y acusados el 24 de agosto por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.
Fletes, de 42 años, es diabético, en ocasiones anteriores sus familiares han denunciado sentirse preocupados por el estado de salud de su pariente.
En declaraciones a medios de comunicación, María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, refirió en reiteradas ocasiones que el extrabajador de la FVBCH “siempre ha sido un hombre intachable” y que su detención obedeció al hecho de haber trabajado con Chamorro, quien decidió participar en la selección de un candidato único para enfrentar a Ortega en las elecciones que se realizaron el 7 de noviembre.
Gómez, de 55 años, es economista y contador. “Todo este caso es político. A él lo agarraron porque era el financiero de la Fundación (Violeta Barrios de Chamorro), porque (el régimen) quería inhibir a Cristiana Chamorro. Por eso inventaron lo del lavado de dinero”, dijo en una ocasión Céspedes al medio de comunicación Divergentes.
Días antes de su detención, Chamorro, Fletes y Gómez fueron citados por funcionarios del Ministerio de Gobernación (Migob) para responder por unas supuestas inconsistencias en los reportes financieros de esa organización en el período 2015-2019, y posteriormente fueron interrogados en calidad de investigados por la Fiscalía orteguista por el supuesto delito de lavado de dinero.