Hasta el momento los familiares de 120 presos políticos, de los 170 que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han manifestado a través de la firma de un comunicado o notas de prensa que apoyan cualquier iniciativa que vaya en pro de la liberación de los detenidos.
Un grupo de familiares realizó un pronunciamiento el pasado 25 de enero, el cual ha sido apoyado por 101 familiares, según el último comunicado enviado.
Los familiares de los detenidos se han unido en una semana en la que el Ministerio Público anunció la reactivación de los juicios y ya se han efectuado los primeros.
Juicios iniciaron bajo fuerte presencia policial
Ayer 1 de febrero iniciaron los juicios contras los reos políticos en la DAJ y se están realizando en el Complejo Evaristo Vásquez Sánchez. En esta primera jornada fueron programados los juicios de Yader Parajón y Yaser Vado González.
Se les violentó el derecho a enfrentar juicios orales y públicos, establecido en el artículo 285 del Código Procesal Penal, porque no permitieron el ingreso de sus familiares en el recinto para presenciar el proceso. Los familiares de estos reos políticos confirmaron a LA PRENSA que se les negó el ingreso al complejo policial.
El Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que estos juicios iniciaron como una farsa judicial. “No hay comunicación con defensores. Se repiten las ilegalidades de la audiencia inicial”.
Extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios cumplen 250 días detenidos en la DAJ
Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cumplen 250 detenidos de manera arbitraria en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocidas como el nuevo Chipote. Abogados defensores y organismos de derechos humanos han señalado que su detención es arbitraria.
Fueron detenidos el pasado 28 de junio de 2021, siendo los primeros opositores capturados en esta nueva ola de represión, como han llamado los organismos de DD. HH. a las capturas de líderes opositores, los procesos de investigación como el de la FVBCH y la clausura de universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Estos presos están siendo acusados por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. Abogados han señalado que dentro de las arbitrariedades cometidas en sus procesos está que son sometidos a constantes interrogatorios en la DAJ sin presencia de sus abogados, en sus acusación algunos de los testigos son oficiales de la Policía Nacional y en el Sistema de Causas aparece como en fase de juicio, de clase penal y como motivo “acusación sin detenidos”.
Días antes de su detención, estos extrabajadores de la Fundación fueron citados por funcionarios del Ministerio de Gobernación (Migob) para responder por supuestas inconsistencias en reportes financieros del lugar donde laboraban entre el periodo de 2015-2019. Posteriormente fueron interrogados como investigados por la Fiscalía, por el supuesto delito que se les acusa.
