Los privados de libertad que forman parte del Movimiento Campesino y los líderes estudiantiles cumplen 250 días detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote. Estos opositores ya fueron llevados a juicio y condenados por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “menoscabo a la integridad nacional”.
Pedro Mena, Freddy Navas, Medardo Mairena, Lesther Alemán y Max Jerez fueron detenidos la noche del 5 de julio. Estos opositores fueron capturados en operativos simultáneos. La vivienda de seguridad donde se encontraba el estudiante Jerez fue allanada en presencia de otros dos integrantes de la Alianza Universitaria (AUN). Al mismo tiempo estaba siendo allanada la casa de la familia del opositor Lesther Alemán y ocurría la detención de los integrantes del Movimiento Campesino.
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“Mamá sea fuerte”, fueron las últimas palabras del líder estudiantil, antes de ser trasladado a la DAJ por agentes de la Policía Nacional. Heidi Meza, madre de Jerez, falleció el viernes 17 de septiembre y su hijo no pudo asistir a su funeral para darle el último adiós. La compañera de lucha de Jerez, Dolly Mora, expresó a LA PRENSA que el abogado defensor de este privado de libertad agotó todas las vías institucionales para que Jerez pudiera visitar a su madre, mientras estaba en agonía. Sin embargo, el permiso no fue emitido “porque tenía que esperar la orden del juez”.
En el caso del exprecandidato presidencial Medardo Mairena y Pedro Mena es la segunda vez que son condenados. El 18 de febrero de 2019 un juez condenó a 216 y 210 años de cárcel, respectivamente, por el supuesto asesinato de cuatro policías y un profesor durante el supuesto ataque contra una delegación policial en la comunidad de Morrito, Río San Juan, en julio de 2018 durante la época que se encontraban los tranques como manera de demanda de los opositores al gobierno de turno. Mena y Mairena fueron excarcelados a través de la Ley de Amnistía en junio de 2019.
Defensores de derechos humanos, abogados y especialistas penalistas han denunciado que la jornada de juicios contra opositores que inició el 1 de febrero es “ilegal” y “arbitraria”.
Inconsistencias jurídicas
Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado por diversas vías, entre ellas sus redes sociales, que la autoridades de Nicaragua no han garantizado el debido proceso a las personas privadas de libertad.
Antes del inicio de la jornada de juicios contra los opositores —que fueron detenidos en una ola represiva entre mayo y noviembre de 2021— el Ministerio Público señaló que los privados de libertad “son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido golpe de Estado del 2018”.
Las campañas de los organismos defensores, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Race and Equality y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandaron principalmente la liberación de todos los detenidos arbitrariamente y que el Gobierno de Nicaragua cumpla con las resoluciones adoptadas para la defensoría de los derechos humanos.
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