Los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y la líder opositora Violeta Granera, cumplen 290 días privados de libertad. Estos presos políticos ya enfrentaron juicios y recibieron sentencia, sin embargo, de los detenidos de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, aún faltan los directivos del Cosep: Michael Healy y Álvaro Vargas.
Maradiaga, Chamorro, Aguerri y Granera fueron detenidos el 8 de junio y trasladados a la DAJ, a excepción de la integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la socióloga Violeta Granera, quien había sido detenida primeramente bajo arresto domiciliario, pero una semana después fue trasladada de manera arbitraria a las celdas de la DAJ.
Todos fueron detenidos bajo supuesta investigación por realizar actos “que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
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El jueves 3 de marzo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, dictó las condenas en contra de los siete opositores que pertenecían a un grupo de WhatsApp. Las sentencias oscilan entre los 8 y 13 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el caso de Chamorro, Maradiaga, y Aguerri, fueron declarados culpables de menoscabo a la integridad nacional, el judicial orteguista les impuso 13 de años de cárcel a petición del Ministerio Público. Este delito se castiga con penas de entre diez y quince años de cárcel y la inhabilitación.
Violeta Granera fue condenadas por conspiración, le impusieron una pena de ocho años. Para el delito de conspiración la pena es de entre cinco y diez años de prisión.
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Los juicios en la DAJ han sido considerados una irregularidad porque van en contra de lo que establece la ley. El juicio de os directivos del Cosep: Michael Healy y Álvaro Vargas está programado para el 28 de abril.