El integrante de la Coalición Nacional, José Pallais, fue detenido hace 290 días, el 9 de junio en su vivienda en León. Fue declarado culpable el 23 de febrero de este año por «menoscabo de la integridad nacional» por pertenecer a un grupo de WhatsApp y sentenciado a 13 años de prisión.
Según el comunicado de la Policía, Pallais estaba siendo investigado «por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».
El Ministerio Público informó el viernes 18 de febrero en horas de la noche que Arturo Cruz, exaspirante presidencial; José Pallais, jurista y opositor, y Francisco Aguirre Sacasa, exdiplomático nicaragüense, por «razones humanitarias» pasarían a arresto domiciliario con custodia policial. Sumándose a Cristiana Chamorro, María Fernanda Flores, Jaime Arellano y Noel Vidaurre, quienes se encuentran en esas mismas condiciones.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) recordó que incluso las secuelas físicas que puedan tener los reos como Pallais, son responsabilidad del Estado.
Para Vilma Núñez, férrea abogada defensora y presidenta del Cenidh, el cambio de medida no responde a ninguna presión o voluntad y considera que si al régimen orteguista les importaran esas acciones “tendría que poner inmediatamente a todos (los presos políticos) en libertad”.
Este cambio de medidas “obedeció al riesgo inminente que ellos (el régimen) vieron después que un médico estuvo toda la audiencia en la última sesión y vio el estado deplorable y lamentable de salud en que se encontraban dos de los tres que mandaron a casa por cárcel”, dijo Núñez.