Walter Gómez y Marcos Fletes cumplen 320 días privados de libertad. Desde que fueron detenidos por agentes de la Policía orteguista en mayo de 2021, se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Ambos fueron llevados a juicio el pasado 3 de marzo junto con la exaspirante presidencial, Cristiana Chamorro Barrios.
Estos privados de libertad por motivos políticos fueron declarados culpables por los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica y apropiación indebida, y sentenciados a 13 años de prisión. Walter Gómez y Marcos Fletes tendrán que pagar multas que equivalen a más de 56 millones de córdobas y 1.6 millones de dólares como parte de la sentencia que dictó el judicial.
Sus familiares han denunciado que las autoridades correspondientes solo les permiten tomar 10 minutos de sol a la semana. Asimismo, ambos han bajado de peso considerablemente, lo que ha empeorado su estado de salud física.
Gómez y Fletes fueron detenidos el 28 de mayo de 2021, iniciando con ellos una ola de detenciones que suma más de 45 privados de libertad entre líderes estudiantiles, integrantes del Movimiento Campesino, defensores de derechos humanos, periodistas y aspirantes presidenciales.
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Se va a cumplir un mes desde la última visita
Desde el inicio de las detenciones contra este grupo de opositores que se encuentran en la DAJ, sus familiares solo los han podido visitar en cinco ocasiones y la última vez fue entre el 17 y el 19 de marzo. Habían pasado más de 50 días de no haberlos podido visitar.
Defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional han señalado que la detención de estos opositores es ilegal y arbitraria. Además, las condiciones en las que se encuentran por la falta de comunicación continua con su familia y el poco contacto con sus abogados es una violación a sus derechos humanos.
Los defensores de derechos humanos han indicado que parte del respeto al debido proceso, que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Constitución Nacional, es que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional.