El informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2021: Nicaragua, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, hace un recuento de las principales violaciones a los derechos humanos bajo “un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo”, remarcando que se ha promovido la impunidad.
“El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de abril de 2018. El gobierno no abordó los casos generalizados de corrupción. El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad para los violadores de derechos humanos que le eran leales”, afirma el documento.
Agrega que “policías, parapolicías y personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra supuestos enemigos del régimen, como exprisioneros políticos y sus familias, activistas campesinos, grupos de oposición pro democracia, defensores de derechos humanos, privados, líderes del sector y clero católico”.
Sobre los parapoliciales, los describen como “unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas con entrenamiento táctico y organización, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo del gobierno, e informan directamente a la Policía nacional” y remarcan que “las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales y parapoliciales. Hubo informes fidedignos de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”.
El informe señala que el partido “Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral del país”, lo que llevó a Ortega a mantener el poder luego del encarcelamiento “arbitrario” de casi 40 figuras de la oposición.
“Los observadores notaron fallas graves en las elecciones municipales, regionales y nacionales desde 2008. Grupos de la sociedad civil, expertos electorales internacionales, líderes empresariales y líderes religiosos identificaron fallas persistentes en las elecciones regionales del Caribe de 2019 y municipales de 2017 y señalaron la necesidad de una reforma electoral integral”, señala el documento.
Violaciones a los derechos humanos
Según el informe, las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua de acuerdo con datos “fidedignos”, incluyeron: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represalias por motivos políticos contra personas ubicadas en otro país; serios problemas con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria e ilegal en la privacidad.
Además, castigo de los miembros de la familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia, detenciones injustificadas, censura, demandas penales por difamación contra periodistas; interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
También incluyeron, severas restricciones a la libertad religiosa; restricciones a la libertad de movimiento dentro del país y el derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política; corrupción grave; serias restricciones gubernamentales y hostigamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; trata de personas; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, y las peores formas de trabajo infantil.
Lea también: CIDH condena acciones contra la oposición en Nicaragua de cara a las próximas elecciones