Hace cuatro años, el 18 de abril de 2022, inició lo que se conoció como «estallido social», protagonizado en un primer momento por los jóvenes que se manifestaron en contra de medidas que afectaban a los adultos mayores. Estas acciones causaron reacciones como las de monseñor Silvio Báez, quien llamó a la juventud «la reserva moral del país». Hoy esa reserva moral indica que estar en contra de las medidas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo «les está costando mucho».
“Cuando nos metimos en esto nosotros (los jóvenes), no pensamos que fuera a durar tanto ni que fuéramos a vivir lo que vivimos. Creímos que se iban (gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo) antes de terminar el 2018. Esto nos está costando mucho”, relató un joven que estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua. Prefiere no ser citado, aunque se encuentra exiliado, por temor a alguna represalia contra su familia.
Las protestas en la ciudad de Managua habían iniciado algunos días antes del 18 de abril. Cuando jóvenes autoconvocados de la Universidad Centroamericana (UCA) habían realizado acciones de calle para exigir respuesta por parte del gobierno de turno por el incendio en la Reserva Indio Maíz, sin embargo, la situación se recrudeció por el anuncio de las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Escalada de protestas
Entre el 18 y 21 de abril de 2018, Nicaragua se mantuvo a la expectativa por los diferentes enfrentamientos que surgieron de grupos afines al Gobierno contra jóvenes universitarios y activistas sociales.
“Cuando yo llegué a la universidad, ya se rumoraba de una posible protesta en Camino de Oriente, pero mi grupo y yo no estábamos seguros de asistir porque ya habíamos vivido la mala experiencia de enfrentarnos a los de la JS (Juventud Sandinista) en la marcha por lo de la Reserva Indio Maíz. Nos sumamos a la protesta que se hizo fuera de la universidad, no nos imaginamos que al final iban a llegar a manifestarse y agredirnos los simpatizantes de Ortega”, comentó una joven estudiante de la Universidad Centroamericana.
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En Managua, también se llevó a cabo una protesta en Camino de Oriente, una estudiante que participó asegura que “ahí inició todo”. “No puedo dejar de pensar que ahí inició todo. Nunca pensé que fuéramos a llegar tantas personas y menos que llegaran a reprimir. Fue como de un momento a otro, llegaron los motorizados y gente de la Juventud Sandinista, nos empezaron a agredir, primero verbalmente y luego físicamente. Y ahí atrás solo mirabas como la Policía Nacional estaba siendo cómplice de asesinos”, relató.
Asimismo, en la ciudad de León, ciudadanos protestaban por las reformas al INSS. Ancianos, jóvenes, mujeres activistas y periodistas fueron agredidos mientras se manifestaban en las principales calles de la Ciudad Universitaria. De igual manera, periodistas y defensores de derechos humanos documentaron la respuesta violenta por parte de simpatizantes del Gobierno.
El 19 de abril las protestas en contra las reformas al INSS se extendieron por varios departamentos como Estelí, Granada, Boaco, Rivas, Masaya, Matagalpa, Bluefields, Carazo y otras ciudades. Además, que las protestas en las universidades del país tomaron auge como en la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), así también el inicio de la toma de algunos de estos recintos.
Las primeras víctimas de la «masacre»
Organismos de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil reportan que el 19 de abril de 2018 se reportaron las primeras víctimas de la masacre por parte del Estado de Nicaragua: Darwin Manuel Urbina, de 29 años; Richard Pavón, de 17 años y Hilton Manzanares, de 33 años.
El 20 de abril de 2018, los estudiantes que se encontraban atrincherados en la UNI y en la Catedral de Managua lo recuerdan porque fue la primera vez que tiraron un “árbol de la vida”. “Estábamos en el portón de la Catedral que va a dar a la UNI, con miedo porque ya sabíamos que había policías tratando de replegar a los que estábamos ahí. Solo escuché a alguien decir que quemaran el chayopalo y luego empezaron a quitar los tornillos que tiene. La sensación de alegría que eso nos dio fue increíble, gritábamos y estábamos eufóricos; en esos días creíamos que podríamos quitar a Ortega del poder de la noche a la mañana”, relató un joven que estuvo en Catedral.
La cuarta víctima de los primeros días de protestas fue el estudiante Álvaro Conrado, de 15 años, quien fue herido de muerte por una bala en la garganta, “me duele respirar” alcanzó a decir luego de ser herido. Erick Cubillo Solís, de 36 años, también recibió múltiples impactos de bala, en las cercanías de la UNI. Moroni Jacob López García, de 22 años, murió luego de recibir en su cuerpo dos proyectiles de bala, en las inmediaciones la UNI.
Asimismo, también fueron víctimas mortales el 20 de abril Carlos Alberto Bonilla, de 17 años; Jonathan Valerio, de 20 años; Alvis Molina Hodgson, de 35 años; Gerardo Castillo, de 42 años; Harlinton López García, de 18 años; Marlon Martínez, de 20 años; Kevin Josué Rivas, Michael Humberto Cruz, de 30 años; Nelson Téllez Huete, de 35; Juan López Martínez, de 24; Hammer García Salinas, de 19; Franco Valdivia Machado, de 24; Orlando Francisco Pérez Corrales, de 23; César Noé Castillo, de 42; Cristhiam Emilio Cadenas, de 23; Francisco Sobalvarro, de 24; Javier López, de 24; Álvaro Gómez Montalván, de 23; Jairo Hernández Useda, de 23; José Abraham Amador, de 17; Apolonio Díaz Delgadillo, de 44, y Jimmy Paiz Barahona, de 53 años.
21 de abril, asesinato de Ángel Gahona
Mientras las protestas se recrudecían en el Pacífico del país, en el Caribe, en la ciudad de Bluefields había enfrentamientos entre simpatizantes del Gobierno y opositores al régimen, por lo que el periodista Ángel Gahona reportaba a través de un Facebook Live.
La muerte de Gahona quedó grabada por un compañero de trabajo que iba detrás de él. En el video se puede ver como Gahona iba relatando los daños en el edificio de la Alcaldía, luego se escucha un disparo y cae Gahona al suelo, ante la mirada atónita de sus colegas. «Creemos que fue un francotirador el que hizo el disparo, no fueron los jóvenes, los únicos que andaban con armas eran los policías y antimotines», declaró poco después al Canal 15 la comunicadora Ileana Lacayo.
Un mes después del trágico hecho, la Policía de Bluefields detuvo a dos jóvenes originarios del Caribe, Brandon Lovo y Glen Slate, quienes fueron procesados y condenados por el crimen contra Gahona. Sin embargo, fueron puestos en libertad en 2019 bajo la Ley de Amnistía, junto con otros privados de libertad por motivos políticos.
La familia del periodista ha asegurado que los culpables son los policías y esperan que en algún momento se logre hacer justicia por el daño causado a su familia.
Otro día clave del estallido social fue la marcha del Día de las Madres, cuando los nicaragüenses marcharon junto con las madres que habían perdido a sus hijos durante las protestas y el saldo mortal se incrementó. Doña Guillermina Zapata en esa marcha perdió a su hijo Francisco por un disparo en la cabeza.
Tranques y «plan limpieza»
«Tranque» fue como llamaron los nicaragüenses a las barricadas levantadas para sellar las calles, como una expresión de protesta contra el actuar del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, también funcionó como una manera de defensa durante los enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del gobierno, porque «servían para bloquear las balas», afirmó el Chino, un joven que prefiere ser citado por su alias.
Daniel Ortega expresó en diferentes ocasiones que los tranques son ilegales, por lo que durante la realización del Diálogo Nacional la principal demanda por parte del sector estatal fue el levantamiento de los tranques.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de su informe 623 Días de Represión y Resistencia, señaló que durante los meses de junio y julio de 2018, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio la orden «de desmantelar las barricadas en los barrios y los tranques en carreteras, construidos por la población para proteger sus vidas, propiciando un escenario del accionar perverso y la imposición de un estado de terror».
Uno de los días más sangrientos durante la resistencia cívica fue el 8 de julio. El organismos de derechos humanos reportó 35 personas fallecidas en los municipios de Diriamba y Jinotepe, y otras tres personas en el departamento de Matagalpa. «Todavía recordamos como venían armados hasta los dientes, los chavalos trataron de defenderse, pero era imposible, esa gente como envenenada por un odio irracional. Los disparos se oían hasta la casa y nosotros solo podíamos rezar», señaló una habitante de la ciudad de Diriamba.
Las autoridades del gobierno de Ortega y Murillo señalaron a través de un comunicado que se había «cumplido con el deber constitucional de restablecer el orden y la libre circulación en el país».
Organismos de DD. HH. denuncian
Durante estos cuatros años, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se han dedicado a documentar y visibilizar la situación de vulneración de derechos humanos que se vive en Nicaragua desde abril de 2018.
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«El Gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de abril de 2018. El Gobierno no abordó los casos generalizados de corrupción. El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad para los violadores de derechos que le eran leales», afirma el reciente informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2021: Nicaragua, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Asimismo, recientemente se aprobó la creación de un mecanismos de derechos humanos para investigar violaciones en Nicaragua. El grupo será conformado por expertos que establecerán los hechos sobre las presuntos actos violentos, de abusos, «recoger, consolidar, preservar, y analizar la información y las pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables, y hacer que dicha información sea accesible y utilizable en apoyo de los esfuerzos de rendición de cuentas en curso y futuros», indicó la resolución de las Naciones Unidas.